Medio millar de escolares zamoranos se podría beneficiar de la reivindicación educativa propuesta por el Procurador del Común. El defensor del pueblo autonómico ha recomendado a la Consejería de Educación que la dislexia tenga un "trato propio" en los colegios de Castilla y León con el objetivo de detectar de forma precoz este trastorno de aprendizaje, mejorar la atención a los alumnos que lo tengan y adaptar el modelo de evaluación.

Con esta actuación de oficio, el Procurador del Común pretende abordar el problema de los alumnos de la Comunidad que tienen dislexia, un trastorno que la Organización Mundial de la Salud considera una enfermedad pese a que la Consejería no tenga datos sobre cuántos escolares están diagnosticados. Lo que sí se sabe es que, con datos que pueden incluir casos de dislexia, las dificultades de aprendizaje afectan en conjunto a 5.734 alumnos de la Comunidad, a tenor de los datos facilitados por la Consejería.

La tabla de alumnos con Atención a la Diversidad (ATDI) recoge 468 alumnos con dificultades de lectura, 260 de escritura, 363 de matemáticas y 4.643 de lectoescritura. Por provincias, en Ávila son 441 los alumnos dentro de la ATDI, 604 en Burgos, 1.135 en León, 495 en Palencia, 689 en Salamanca, 475 en Segovia, 167 en Soria, 1.199 en Valladolid y 529 en Zamora.

Se estima que los datos de alumnos con dislexia son "significativos", de acuerdo a las reivindicaciones del colectivo afectado, que reclama "compresión de las dificultades que presenta su problemática y, en consideración a la misma, las adaptaciones que requiere el proceso de enseñanza y aprendizaje, en especial en los aspectos relativos a la evaluación".

En este sentido, desde el Procurador se plantea "un diagnóstico inicial del trastorno, para lo que sería efectiva una guía o protocolo en el que, por ejemplo, a través de una tabla de indicadores de alerta, se llegara a una detección del problema lo más temprana posible en el entorno educativo, sin perjuicio de las aportaciones que en dicho sentido pudieran venir dadas a través de agentes externos".

Una vez detectado, se proponen "medidas específicas acordes con sus necesidades", con adaptación de los tiempos para realizar exámenes, su adaptación en cuanto a tipo y tamaño de la fuente del texto del examen, la permisión del uso de hojas en blanco adicionales, la adaptación de la evaluación a través de pruebas orales, escritas o tipo test, la posibilidad de lectura de los enunciados de las preguntas o el uso de aulas separadas para la realización de las pruebas.

A esto, debe sumarse "la comprensión de la problemática que presenta el alumno día a día en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, cuando tiene que leer en presencia del resto de los alumnos de su clase", apunta.

Aunque a día de hoy en Castilla y León no existen instrumentos genéricos para detectar los casos de dislexia y medidas al respecto, en especial en su evaluación, el Procurador explica que la Consejería, en respuesta al informe que le ha remitido, le ha anunciado el inicio de un protocolo específico para la detección temprana de la lectoescritura para el próximo curso escolar.