Los abogados del turno de oficio volvieron ayer a concentrarse ante las puertas de la Audiencia Provincial -en esta ocasión representados por medio centenar de profesionales- para exigir "mejoras por la dignidad" del colectivo, "equiparación salarial con comunidades autónomas en las que se paga el triple por el mismo trabajo, la actualización de baremos, un incremento superior al 30% porque llevamos muchos años de congelación", declaraba una portavoz.

Los letrados del turno de oficio denuncian la falta de retribuciones por las horas de nocturnidad que cumplen en las guardias de veinticuatro horas que están obligados a realizar. Otra de las reivindicaciones hace referencia a la conciliación familiar y laboral, ya que en la actualidad las abogadas que dan a luz no pueden disfrutar de baja maternal porque en los procedimientos judiciales que llevan a cabo no está previsto que se paralicen durante el tiempo suficiente que les permita recuperarse del parto.

Tasas judiciales

Los abogados del turno de oficio han venido denunciando los retrasos reiterados y las bajas retribuciones que ingresan, al tiempo que critican que el Gobierno del PP no haya usado para mejorarlas el dinero obtenido con las tasas judiciales, establecidas inicialmente para destinar todo esos ingresos para cubrir los desfases en las minutas del turno de oficio, que llevan sin incrementarse desde el año 1996.

No se trata de la primera reivindicación pública por parte de este sector profesional. En abril ya mostraron su malestar y anunciaron incluso que los 125 letrados que cubren el servicio lo abandonarían "en bloque", en caso de continuar con las mismas condiciones laborales, dado que se trata de un desempeño voluntario. Más de 3.000 ciudadanos -aquellos que no disponen de medios económicos para afrontar los gastos de un pleito- solicitan cada año abogado de oficio que perciben por defender esas causas retribuciones "más propias de una limosna que del pago de un servicio", denunció hace semanas el decano del Colegio de Abogados. De nuevo entonces, reivindicaron el derecho a la baja maternal, la inversión en la mejora del programa Lexnet por el que reciben las notificaciones de los juzgados, dado el elevado número de fallos que se producen en este sistema, algo que interfiere en el normal desarrollo de la actividad profesional.