El Ayuntamiento de Zamora abre la puerta a acudir al Tribunal Supremo para reclamar a Roales la histórica deuda del saneamiento de aguas, que data de los años comprendidos entre el 2004 y 2013. Lo hace a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la que ayer informó este diario, sentencia que exime a Roales del pago de la deuda que reclama el Ayuntamiento, de más de tres millones de euros, al asegurar que las mediciones del caudal de aguas vertido a la depuradora instalada en Zamora se llevaban a cabo exclusivamente por el Consistorio zamorano y no por el de la localidad vecina.

"La Alcaldía instará, después de este resultado, cuantos procesos sean necesarios en vía civil u otra para reclamar una deuda generada en tiempos del PP contra todos los ciudadanos de Zamora". No menciona al Supremo, pero es la instancia a la que habría que recurrir el fallo del TSJ. "La Alcaldía defenderá los intereses del Ayuntamiento ya que se reconoce que existe una deuda y que no se ha pagado", asegura Francisco Guarido en un comunicado de prensa.

El alcalde de la capital hace una valoración dura de una sentencia que, argumenta, "mantiene como firme el incumplimiento de Roales en materia de control de vertidos de sus industrias y, admitiendo que existe una deuda económica por los años de vertido entre 2004 y 2016 que nunca fueron abonados, concluye que la deuda, aun existiendo, debe cuantificarse en un futuro".

El Ayuntamiento de Zamora, continúan desde Alcaldía, "no puede permitir que los zamoranos asuman los más de cuatro millones de euros que le correspondería pagar a Roales y, por lo tanto, lo servicios jurídicos estudiarán vías de recurso o vías de iniciar procesos civiles por enriquecimiento injusto" contra el Ayuntamiento de Roales. "Pudieron tramitarse mal las facturas en la época de Rosa Valdeón, o se pudo omitir la cantidad concreta a pagar en el convenio firmado en 2008 y que afecta al mandato de Antonio Vázquez, pero lo cierto es que existió un impago y existe una deuda histórica de la época del Partido Popular", argumenta Guarido. Cabe recordar que la deuda anterior al año 2008 estaba, en teoría, recogida en un convenio firmado entre ambos Ayuntamientos. Aunque Roales se comprometió a pagar a partir de esa fecha y a cumplir con lo anterior, los recibos se siguieron devolviendo hasta la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Zamora en 2013, que es la misma que todavía colea. Ese convenio no tenía reflejada la deuda existente hasta la fecha de su firma, algo en lo que se apoya el TSJ para decir que "no se puede dejar en manos de uno de los dos interesados la determinación de la deuda". Dicen además los jueces que el Ayuntamiento "incumplió sistemáticamente" los términos del convenio al no contar con Roales para realizar las mediciones y al instalar el medidor en Valorio, a cinco kilómetros de Roales -aunque ambas partes acordaron que se instalara ahí-.

Por lo demás, Guarido insiste en sus críticas al Partido Popular. "Este es otro de los asuntos heredados del PP que siguen pendientes. El equipo de Gobierno actual ha intentado reconducir la situación y eso se ha logrado desde el 1 de enero de 2016, cuando se llegó a un acuerdo con Roales para comenzar a pagar y regularizar la situación". Otra cosa, apunta el alcalde, "es el pasado, y es evidente que sobre ese pasado no ha conseguido el Ayuntamiento de Zamora una sentencia favorable. El periodo del PP en ambos ayuntamientos es un periodo en el que las cosas se hicieron mal por ambas partes. Se dejó generar una deuda de más de cuatro millones con el resultado que ahora tenemos". Cabe aclarar que los cuatro millones de los que habla Guarido se refieren al periodo comprendido entre 2008 y 2015. No coinciden con las cantidades juzgadas por el TSJ porque esta institución solo entra en el periodo 2008-2013, momento en el que Valdeón presentó la demanda.