Es cuestión de defender "la vida y la libertad de nuestros hijos". La reivindicación de la prisión permanente revisable para delitos especialmente graves, como asesinatos, en contra de la derogación que la amenaza, no busca "meter al delincuente en la cárcel y tirar la llave". Ni elevar las penas, como ha propuesto Ciudadanos, "ni endurecerlas, sino adaptarlas a la gravedad del delito, pero también al tipo del delincuente", resumía ayer la doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, María Jesús Moro Almaraz en le foro del periódico

"Ni venganza ni odio". Detrás de su lucha, avalada ya por casi tres millones de firmas de ciudadanos, está el empeño de los padres de Diana Quer y de la Diana Quer niña Mari Luz, Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, de "garantizar la seguridad de los hijos de todos", repiten en perfecta sintonía. Cortés reprocha a los políticos que "juegan con la frase de que actuamos en un afán de venganza", para subrayar que "a mi hija la han asesinado hace diez años y Santiago del Valle no va a cumplir esta pena".

Inciden en que obliga a estos asesinos a acudir a programas de reinserción cuando están en la cárcel y después de haber cumplido, con lo que se garantiza que pueden reinsertarse. "Que pidan perdón y demuestren" que pueden vivir en sociedad, declara Quer, "deben demostrar que están reinsertados", pasar por programas específicos en la cárcel, "antes podían hacerlo o no y quedar en libertad". El padre de Diana remarca que la prisión permanente solo se aplica en supuestos de extrema crueldad para "proteger y amparar a nuestros hijos", centrado en una batalla que "me hace sentir en paz, cumplir el mensaje de mi hija: intentar salvar vidas".

La contradicción llega cuando admiten que "hay un 99% de posibilidades de que el delincuente reincida", como ha manifestado el director general de Instituciones Penitenciarias, reconoce el padre de Mari Luz. Y que su comportamiento ejemplar en las cárceles puede camuflar "su mentira", ayudarles a pasar el filtro para quedar en libertad. El pastor evangelista se aferra en este punto a que "ya no será lo que diga la Junta de Tratamiento o el juez de Vigilancia Penitenciaria, sino que el condenado se somete de nuevo a un tribunal que debe valorar los informes técnicos y su comportamiento en prisión. No va a ser tan fácil que puedan sortear de manera burlona a la justicia, aunque entendemos que son expertos en disfrazar su maldad. Y el tratamiento no termina en la cárcel".

Tanto Quer como la doctora en Derecho descartan el "nunca" se podrán reincorporar a la sociedad que muchos expertos ponen sobre el tapete al hablar de la personalidades de los asesinos o pederastas. "Soy más optimista", agrega Moro Almaraz, que apunta a la labor de los equipos multidisciplinares, psicosociales de los centros penitenciarios, no sin destacar la necesidad de que dispongan de medios para concluir que "no hay que perder la ocasión de trabajar con ellos". En su opinión, "hay mucho que trabajar en este terreno".

Cortés defiende el carácter social de la reivindicación, que el Código Penal mantenga esta pena aprobada en la reforma de 2015, aplicada ya a dos asesinos, porque "puede salvar vidas el día de mañana", su aplicación "evitará un segundo delito". A estos delincuentes "no se les puede dejar en la calle" si no se reconducen, sentencia.

Otro de los aspectos positivos es que "tiene en cuanta ese especial dolor que causa este tipo de delitos a las víctimas y a las familias; y el grado importante de reincidencia si salen sin haber comprobado adecuadamente la reinserción" del condenado, coinciden en señalar, mientras apuntan al ordenamiento europeo como ejemplo a seguir.

La doctora en Derecho Civil se mostró ayer contraria a endurecer las penas de prisión y, al mismo tiempo, reducir o suprimir beneficios penitenciarios, "esa suma es imposible en nuestro ordenamiento jurídico porque "no se trata de venganza, de que el delincuente entre en la cárcel y tiremos la llave, sino de aplicar una ponderación", que se contempla en la reforma del Código Penal de 2015, conforme a al Tratado de la Corte Penal Internacional. Es decir, una duración de la pena vinculada al seguimiento del recluso en prisión sin dejar de lado las oportunidades de reinserción y con los beneficios penitenciarios adaptados a la tipología de delincuente. Esto es lo que le diferencia de la cadena perpetua, lo que desmonta que se trate de que el delincuente cumpla tantos años como vida le quede.

La doctora en Derecho añade que estos delincuentes "necesitan de una atención especial en cada momento, por tanto, no es la dureza de la pena, puede haberlas ya superiores a los 25 años en el Código Penal y puede haber un complemento efectivo de las mismas". Los tres invitados al Club reiteran que "está vinculada a la reinserción, no se renuncia a esa medida a la que estamos obligados por la Constitución española", precisa Moro Almaraz.

"No podemos perder del objetivo a las víctimas", incide la experta, "durante mucho tiempo hemos defendido un sistema penal garantista, que es bueno, pero pensando en momentos en los que las penas estaban vinculadas a un tipo de delincuente que probablemente no tenía que estar en la cárcel".

Los tres se alejan de la condena perpetua. "La sociedad todavía no está preparada para ello", declara Cortés, quien aboga por "adaptar la justicia al derecho, muchas veces no van de la mano, lo justo para unos no está en la Constitución o en el Código Penal". Estos diez años de lucha han servido para "crear conciencia social". Ninguno de ellos se planteó estas cuestiones antes, "nadie cree que le puedan quitar a un hijo".