Los abogados de oficio llevan siete meses sin cobrar sus retribuciones por asistencia a los ciudadanos que se acogen al servicio de Justicia Gratuita, un retraso que para muchos, teniendo en cuenta que son jóvenes que comienzan a dar los primeros pasos como profesionales, supone un perjuicio importante, explican algunos de los afectados dispuestos a secundar la huelga anunciada. Y es que les sirve para abonar las cuotas del Colegio de Abogados, la Seguridad Social o la mutua, alquileres y gastos generales de sus despachos. El último desembolso del Ministerio de Justicia se correspondía con las retribuciones de julio, agosto y septiembre, cuantías que los abogados de oficio vieron en sus cuentas bancarias en enero de 2018. Octubre, noviembre y diciembre de 2017 y el primer trimestre de 2018 siguen pendientes de pago, agregan indignados estos abogados adscritos al turno de oficio.
Estos reiterados retrasos, junto a las bajas retribuciones que ingresan explican el anuncio reciente de una huelga de una semana, sin descartar que se llegue a abandonar el turno de oficio en bloque, que es voluntario. Los abogados critican que el Gobierno del PP estableció las tasas judiciales para destinar todo ese dinero a cubrir los desfases en las minutas del turno de oficio, que llevan sin incrementarse desde 1996. "Con la recaudación del primer año de estas tasas se podrían pagar diez años del turno de oficio", subrayan.
Los letrados zamoranos exigen "que nos paguen mensualmente porque la situación de crisis azota a todos y hay compañeros que pagan con esos ingresos gastos básicos de sus despachos, estos retrasos suponen una situación sangrante para los más jóvenes". Se preguntan "cuántas horas tendrá que esperar un detenido con derecho a asistencia gratuita en la Comisaría de Zamora o en los calabozos de la Guardia Civil si hacemos huelga. Se llenarían los calabozos y el ciudadano se vería privado de libertad", agrega una letrada.
Diferencias
La otra reivindicación fundamental es el incremento de las cuantías que el Ministerio paga a los abogados de oficio, muy inferiores a las que perciben en comunidades autónomas como Madrid, Barcelona o Euskadi, por lo que exigen la equiparación, al menos, con la comunidad madrileña, la que paga menos, lo que no impide que los emolumentos por estos servicios sean un 70% superiores a los que abona Justicia.
Las diferencias son abismales si la comparación se realiza con las tasas que cobra un abogado particular. De modo que, por un procedimiento penal entero, causas que se prolongan durante más de un año, el abogado de oficio percibe 200 euros, a los que tiene que restar el 15% del IRPF, mientras que con un letrado de pago se parte de un coste mínimo para el ciudadano de 1.000 euros aproximadamente (por el escrito se pagan unos 360 euros y por el juicio 600 euros), al margen de otras cuantías que se perciben por la responsabilidad civil o penal a la que resulte condenado el cliente.
Un divorcio parte de un coste mínimo de 1.500 cuando el abogado que lo lleva es de pago, frente a los 200 euros que abona el Ministerio cuando el profesional es del turno de oficio, a pesar de que tardan en resolverse más de un año dadas las complicaciones que suelen surgir con las medidas para los hijos, las custodias, etc.
Cuando la causa es por un delito leve, amenazas o heridas leves por peleas, las más comunes, los letrados de oficio perciben 70 euros, cuantía que se eleva hasta los 330 euros si se acude a un letrado de pago. Un procedimiento ordinario por reclamación de cantidades o incumplimiento de un contrato cuesta un mínimo de 1.200 euros cuando se acude al abogado particular; y el letrado de oficio cobra 240 euros. En los casos de cláusula suelo, el profesional particular percibe más de 2.000 euros; por Justicia Gratuita, 240 euros.
Por último, las guardias, con disponibilidad durante las 24 horas, se saldan con 60 euros para todo el turno de violencia de género, es decir, 2,50 euros por hora, incluidas las nocturnas porque es de asistencia inmediata. Por las guardias de asistencia al detenido, de 24 horas, se perciben 114 euros, 4,75 euros por hora. Un abogado particular cobra 200 euros por una sola asistencia.
