El Tribunal Supremo ha declarado nula la Orden Ministerial que regula las tarifas de derechos de autor desde el año 2015, que son recaudadas de forma exclusiva por ocho entidades de derechos de autor, entre las que se encuentra la conocida Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Esta sentencia se ha producido tras la demanda interpuesta en dicho tribunal por Crue Universidades Españolas. Toda vez que esta sentencia se ejecute, no queda muy claro qué tarifa se va a pagar este 2018. Algunas voces, como es el caso de Javier de la Cueva -abogado que ha llevado el caso ante el Tribunal Supremo- indican que lo lógico sería regresar a la legislación previa a diciembre de 2015; por otro lado, el Ministerio de Cultura informa que ya están trabajando en una nueva Orden Ministerial que subsane el problema en el que se ha fundamentado la sentencia del Supremo, que es más una cuestión técnica durante el proceso de redacción de la legislación tumbada, que una enmienda a la totalidad de las tarifas.

La Orden que regulaba las tasas de derechos de autor se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 2 de diciembre de 2015. Desde entonces, asociaciones hosteleras y empresas audiovisuales -las más perjudicada por la última regulación- han criticado duramente la constante subida de las tarifas de los derechos de propiedad intelectual. En el año 2016, un informe de la Sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) señaló que un 50% de los casos analizados habían aumentado sus precios en comparación con la legislación anterior; recayendo gran parte de esta subida en el sector hostelero y audiovisual.

La batalla contra las tarifas de las entidades que gestionan los derechos de autor también se ha dado desde nuestra provincia, especialmente desde las agrupaciones y sociedades hosteleras.

Óscar Somoza, presidente de Azehos, considera la nulidad de las tarifas como una "noticia muy positiva", ya que en su opinión dichas tasas "deberían haber sido consensuadas con los empresarios afectados y no arbitradas de forma monopolística". La posición de Azheos respecto a esta cuestión es clara y se muestran muy críticos con las entidades gestoras de los derechos de autor: "Las tarifas de la SGAE son del todo excesivas y una forma clarísima de gravar con impuestos indirectos a un sector que solo crea riqueza y empleo".

En esta misma línea se mueve Fernando Calderón, presidente de la Agrupación de Empresas para la Promoción Turística (Azamtur), que reclama dos medidas para paliar esta situación "abusiva". La primera propuesta de la asociación local se centra en "la limpieza de la SGAE", en clara referencia a los numerosos casos de corrupción que han salpicado al organismo de autores. Por otro lado, Calderón propone una liberalización en el sector, de forma que se permita la entrada de empresas internacionales que también se dediquen a la gestión de derechos de autor.