La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de que, "en unos meses, pueden desaparecer más de 40 funcionarios de Justicia en la provincia de Zamora, si el Gobierno no prorroga una vez más -antes de julio- la suspensión de la aplicación de la Ley 20/2011, para evitar así que ésta entre en vigor". La activación de dicha normativa supondría la desaparición de los registros civiles tal y como se conocen hasta ahora, desde su creación en 1870. "Sus competencias y tareas se desligarían del Ministerio de Justicia y podrían suponer el desmantelamiento de los juzgados de paz", dice el sindicato en un comunicado. CSIF mantiene "un rotundo y frontal rechazo a la nueva Ley de Registros Civiles, no sólo por la supresión de funcionarios de Justicia y la consiguiente destrucción de empleo, sino también por el deterioro del servicio del Registro Civil que se produciría, muy especialmente en el medio rural".

En concreto, en la provincia de Zamora se podrían suprimir 10 puestos entre los registros civiles de la capital y los juzgados de Benavente, Toro, Villalpando y Sanabria, y unos 32 en las agrupaciones de juzgados de paz de la provincia. En el ámbito de Castilla y León, los funcionarios afectados rondarían los 400, y en toda España el número de puestos en riesgo ascenderían a unos 4.000, muchos de ellos en los juzgados de paz que, "inicialmente, se salvaron gracias al acuerdo de 2014 firmado por CSIF".

Desde el sindicato de empleados públicos se considera "de máxima prioridad que salga adelante una nueva suspensión de la norma que permita abordar sin cortapisas el nuevo modelo que debe regular el Registro Civil". En palabras del responsable provincial del sector de Justicia en CSIF Zamora, Juanjo Banciella, "el ministro Rafael Catalá debe cumplir su compromiso de que el Registro Civil se gestione por funcionarios de Justicia".

"Si el Registro Civil sale de la Administración de Justicia, se puede poner en peligro la continuidad de los juzgados de paz tal y como hasta ahora los conocemos", se asegura desde CSIF Justicia Zamora, "con la consiguiente pérdida de servicios que ello supondría para el medio rural y el deterioro en la proximidad de la Justicia, para un conjunto de población, de edad cada vez más avanzada y con dificultades para acceder a servicios básicos que deben ser garantizados. En una comunidad como Castilla y León y en una provincia como Zamora, se debe de atender a las necesidades del medio rural no sólo para frenar la despoblación, sino para garantizar la calidad de vida de las personas que viven en él". "Tal y como están las cosas, los únicos que podemos garantizar la continuidad del servicio del Registro Civil, a partir del 1 de julio, somos los funcionarios de Justicia", advierten desde el colectivo.