La reclamación que el arquitecto Francisco Somoza ha interpuesto contra la Fundación Baltasar Lobo para el abono de 296.000 euros en concepto de honorarios por la tercera y cuarta fase de la remodelación del Castillo ha quedado vista para sentencia. El Juzgado número 4 recibía esta semana a Francisco Guarido y Rosa Valdeón en calidad de testigos para tratar de aclarar unos hechos que se remontan nueve años en el tiempo. Junto a ellos, participaron también en la vista otros rostros conocidos como los exconcejales Francisco Javier González, Ángel Luis Crespo, Luis Vicente Pastor o el actual edil José Luis González Prada. Pero, ¿qué se reclama y por qué? Este es el relato de los hechos.

Entre los años 2008 y 2009 se acometieron en Zamora la tercera y la cuarta fase de las obras de remodelación del Castillo en base al proyecto elaborado por Francisco Somoza. Años atrás ya se habían ejecutado las dos primeras fases, cuyos proyectos encargó la Fundación Baltasar Lobo y financió la Fundación Caja España, como así corroboraron los testigos, bajo el mandato de Antonio Vázquez.

Las obras de rehabilitación del Castillo finalizaron y el 31 de julio de 2009 el recinto abrió al público. Cinco años más tarde, el arquitecto Francisco Somoza remitió la factura al Ayuntamiento de Zamora y la entonces alcaldesa, Rosa Valdeón, emitió un decreto en el mes de octubre de 2014 ordenando el pago de la reclamación efectuada por el profesional. En ese punto, el servicio de Intervención Municipal entró en juego y reparó dicho decreto aduciendo que existía una prescripción de la reclamación, extremo que fue corroborado posteriormente por un informe de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. En consecuencia, en mayo de 2015 Rosa Valdeón anuló el decreto y cerró la vía de pago por parte del Ayuntamiento de Zamora.

Con la puerta municipal cerrada, Somoza reclamó directamente a la Fundación Baltasar Lobo el abono de la factura. En abril de 2017, Francisco Guarido, en calidad de presidente del Patronato de la Fundación, recibió una comunicación judicial en la que se le notificaba la reclamación de esos casi 300.000 euros por parte del arquitecto. Y en ese brete se ha llegado a esta semana. La Fundación, asistida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, sostiene en su defensa que en las fases tres y cuatro de las obras se limitaba a opinar y decidir sobre la adecuación de los proyectos que se le presentaban, pero en ningún caso era su función contratar puesto que, entre otras cosas, carecía de fondos. Y que, en cualquiera de los supuestos, la reclamación debería ir dirigida al propio Ayuntamiento de Zamora. La parte demandante, no obstante, alega que no cabe la prescripción y que los trabajos están realizados, por lo que así deben abonarse.