El presidente de la Junta Agropecuaria de Malva, de iniciales J.V.V., y su hermano, F.J.V.V., se adjudicaron en 2015 los pastos del municipio por la mitad de precio que el abonado en otros años y en ausencia de la secretaria, que debía redactar el acta, firmarla y plasmar el sello. Su nombre, no obstante, figura en los documentos emitidos el 28 de febrero de ese año, aunque con los apellidos equivocados, según puso de manifiesto la denunciante en el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial.
Es por ello que la Fiscalía exige un año de cárcel para cada uno de los dos integrantes de la directiva de la Junta y una multa de 1.620 euros por la presunta falsificación de las tres actas presentadas sobre una supuesta reunión celebrada a la misma hora, las 14.00 horas, con diferentes asistentes.
Los dos imputados, para los que la acusación particular pide siete años de prisión por estafa y falsificación documental (tres y medio para cada uno), acordaron el pago, aún pendiente, de 6.500 euros por utilizar las 228 hectáreas adjudicadas al presidente y las 233 a su hermano, con un precio por hectárea de 4,75 euros, el mínimo estipulado, según apunto uno de los testigos y marido de la secretaria. Los dos ganaderos tenían que abonar 1.083 euros y 1.106 euros.
La Fiscalía y la denunciante sostienen que no se convocó ni la asamblea de agricultores para fijar el precio por hectárea entre todos los asistentes y después se convoca la directiva de la Junta Agropecuaria para adjudicar los pastos. Uno de los agricultores integrante de la Comisión de Pastos dijo en el juicio que "es mejor un acuerdo que nada", por lo que firmó a los dos días de producirse el acuerdo el contrato que le llevó el presidente de la Junta.
La cuantía, que los procesados dicen no haber podido ingresar al estar las cuentas de la Junta bloqueadas, lo que desmiente la secretaria, está muy por debajo de los 13.000 euros que se pagaba en años anteriores. De hecho, el secretario técnico de la Cámara Agraria Provincial desde hace 14 años aseguró que la hectárea "debería haberse pagado a 6,5 euros", lo que elevaría considerablemente la cantidad establecida en una reunión cuya celebración no supieron situar los testigos y vecinos de Malva que figuran en las actas que acreditarían la legalidad del encuentro y que la Fiscalía y la acusación particular consideran falsificadas. Mientras unos dicen que la el encuentro fue en el bar, otros afirman que se citaron en el local de la Junta Agropecuaria y otro que en la casa de la secretaria, que niega rotundamente haber participado en la toma de decisión y sostiene que su nombre se reflejó sin estar ella y sin su permiso, lo que vino a admitir el presidente de la Junta al indicar que el documento tenía escrito secretaria y se rellenó.
