El presidente de la Junta Agropecuaria de Malva, de iniciales J.V.V., y su hermano y vocal de la misma, F.J.V.V., se enfrentan a un año de prisión cada uno de ellos y a 1.620 euros de multa, acusados por la Fiscalía Provincial de un delito de falsedad en documento oficial para justificar la celebración de una asamblea, que nunca se convocó, para la adjudicación directa del aprovechamiento de los pastos relativo al año 2015 a los vecinos, entre los que se encontrarían ellos como beneficiarios, únicos ganaderos de la localidad, lo que les permitía cobrar la PAC. El precio por cada hectárea arrendada se estipuló en 4,75 euros, por lo que el presidente de la Junta Agropecuaria tenía que abonar 1.083 euros por 228 hectáreas; y su hermano, 1.106 euros, por 233 hectáreas.
El Ministerio Público sostiene que los dos hermanos, tras ser elegidos y nombrados en sus cargos en asamblea celebrada por la Asociación de Agricultores y Ganaderos el 16 de febrero de 2014, se pusieron de acuerdo para elaborar tres actas fechadas el 28 de febrero de 2015, utilizadas ante la Cámara Agraria de Zamora el 5 de junio de ese mismo años para cumplir con los trámites para que se les concedieran las subvenciones de la PAC. La asamblea, según el fiscal, ni se convocó ni se celebró nunca. En los documentos, figuran los acusados, otros dos vocales de la Junta Agropecuaria y la secretaria tesorera como las personas que acuerdan la asignación directa de los pastos.
