La docena de sentencias impuestas por el Juzgado de lo Penal de Zamora con condenas de prisión por maltrato animal, de entre res meses y un año, multas e inhabilitaciones para el ejercicio de la actividad ganadera (en función de la especie), el oficio, la tenencia y el comercio de animales ilustra a la perfección la significativa evolución en este terreno, tras la modificación del Código Penal en 2015, advierte la fiscal especializada en Medio Ambiente de la Audiencia Provincial. La Ley deja atrás las sanciones meramente administrativas y endurece los castigos con el máximo de un año y medio de prisión que, en principio, no implica el ingreso la cárcel, salvo que exista reincidencia. A este importante número de causas que han terminado con condenas de reclusión, se suman las que solo han concluido en multas e inhabilitación, y aquellas en las que fue imposible identificar al autor o autores de la práctica delictiva, que han sido varias, la más llamativa la muerte a balazos de dos galgos en Carrascal.

La concienciación ciudadana ha dado también pasos de gigante, declara la fiscal de Medio Ambiente, responsable de investigar los delitos de maltrato animal. Una actitud que, si bien puede obedecer, "en parte", al endurecimiento de las penas, responde, de forma especial, a que "se ha trabajado mucho para concienciar a la gente de que los animales viven con nosotros, y tienen que tener un trato digno y justo, no son cosas". Ahí han jugado un papel importante las actividades desarrolladas en los colegios con los niños, "la sensibilización con los animales, el medioambiente, la naturaleza", agrega la fiscal.

Aunque algunas de las sentencias más duras han recaído en ganaderos por el descuido de sus cabañas, lo cierto es que son estos los más apegados a sus animales, "en general, la gente que trabaja y vive de los animales les cuida, su trato está muy alejado de estas conductas tan salvajes, de crueldad, por puro placer", que se observa en las causas que investiga la Guardia Civil (Seprona), en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente.

Alguno de esos procedimientos tienen su origen en las dificultades económicas que atraviesa el ganadero, afectado por la profunda crisis económica que le ha arruinado. Esa fue la explicación de la causa más reciente en Zamora que se resolvió con la condena a cárcel a un cabrero por el Juzgado de lo Penal, al que la magistrada le han impuso cuatro meses de prisión, además de dos años sin poder ejercer su oficio ni tener reses. El hombre explicó que no podía mantener a sus 396 cabras: 96 murieron de hambre y las restantes estaban famélicas. "Estas son las excepciones", sostiene la fiscal, "los casos investigados de explotaciones ganaderas o de granjas han tenido su origen en problemas de solvencia o en que no se ha llevado a cabo una gestión adecuada del negocio".

Muy diferente fue el caso del caballo desnutrido y enfermo hallado en una finca del barrio de El Sepulcro, rescatado por la Asociación Defensa Animal Zamora (DAZ) pero que finalmente murió, a cuyo dueño se le condenó por abandono a cuatro meses de prisión y un años sin poder trabajar, tener o comerciar con animales.

Golpear a los animales o herirlos hasta causarles las muerte ha dejado de ser una práctica lícita para poner dominarles o para deshacerse de ellos, así como el abandono en contenedores o en cunetas. El dueño de una galga acababa con una condena a tres meses de prisión y un año de inhabilitación por golpear a su perra que murió tras las graves lesiones sufridas. Otros tres zamoranos tienen en su historial una condena a cuatro meses de cárcel cada uno de ellos e inhabilitación por abandonar a cachorros en distintos pueblos de la provincia.

Cada vez más lejos quedan aquellas prácticas de ahorcar, ahogar, matar de un disparo o dejar morir a los animales o mascotas, también a las crías, cansados ya sus dueños de mantenerlos o deseosos de deshacerse de ellos. "Hay medios para evitar estas situaciones, desde esterilizar a los animales hasta darles en acogida o adopción, todo avanza, se ha evolucionado para evitar el sufrimiento inútil y el dolor", advierte la fiscal de Medio Ambiente. Condenas como el año de prisión y la inhabilitación por ocho años al dueño de dos perros por ahorcarles empiezan a ser ejemplares, tanto como el año de prisión que se le impuso a un hombre que colocaba cepos para cazar. O la retirada del permiso de caza a un hombre por cazar jabalíes hembras con lazos de acero y llevarse a sus crías, que la Guardia Civil halló en su explotación ganadera. Ha sido largo el camino, afirma la fiscal, quien destaca que la Fiscalía de Medio Ambiente es pionera en Europa en la lucha contra el maltrato animal.