Los tribunales, a través de las distintas sentencias dictadas al respecto, han retrasado el plazo de prescripción en los juicios por la venta de bonos y acciones del Banco Popular, documentos que no valen nada desde que en verano el Banco Santander adquiriera aquella entidad.

Aunque desde el Banco Popular, explican desde la plataforma de afectados por los productos financieros tóxicos de Zamora, se insiste en que el supuesto delito ha prescrito porque ha pasado más tiempo del estipulado desde la compra de las acciones, los tribunales interpretan que la relación entre cliente y entidad se dilata en el tiempo. "En cuanto a la caducidad", las últimas sentencias mantienen que "el día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error y, por tanto, el plazo de reclamación de nulidad del contrato no ha caducado".

Mucha actividad

La actividad en los juzgados, con este y otros casos financieros, no cesa. La última sentencia relativa a este asunto, del 18 de enero en el juzgado de Instrucción número 1 de Benavente, "declara nulo el contrato de suscripción de bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones de Banco Popular y condena a la entidad a reintegrar al demandante la cantidad invertida en su adquisición más los intereses legales correspondientes menos los intereses obtenidos. De igual forma la magistrada condena en costas al banco". El afectado fue defendido por el bufete de Antonio del Castillo.

"El fallo señala que no se practicaron correctamente los test de idoneidad y que el cliente no fue informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta la operación especulativa". La actividad derivada de la compra de activos financieros se ha convertido en una de las principales ocupaciones de los tribunales.