La Audiencia de Zamora fijará el próximo uno de febrero los criterios que el Juzgado número 6, exclusivo para resolver en Primera Instancia las demandas de cláusulas suelo, deberá aplicar en las sentencias que emita para dar respuestas a las reclamaciones de los afectados por el pago de los gastos de constitución de la hipoteca para la compra de una vivienda.

Los magistrados del Tribunal provincial celebrarán un pleno ese primer día de febrero para deliberar sobre los recursos de apelación recibidos, al menos ocho, tanto de las entidades financieras como de los particulares contra las sentencias dictadas por juzgados de primera instancia de la provincia que no han colmado sus expectativas, emitidas antes de que el número 6 fuera designado en exclusiva para absorber esas causas.

Uno de esos recursos resuelto por el Juzgado número 2 concede al consumidor el derecho a que la entidad financiera le devuelva lo desembolsado por los gastos de notario y de registro que conlleva la formalización de la hipoteca de adquisición de la vivienda, mientras que le deniega la cuantía del impuesto de actos jurídicos documentados. Este tributo es el que exige la Junta de Castilla y León cuando se establece la hipoteca, es decir, lo que abona el titular del préstamo para formalizar las escrituras públicas.

Los magistrados de la Audiencia decidirán sobre otros recursos contra sentencias de los juzgados número 4 y 6 que reconocen al consumidor la reclamación de todos los gastos que conlleva la formalización del préstamo, los notariales, registrales y de actos jurídicos documentados, impulsados, pues, por la caja de ahorros o el banco que se ve perjudicado al tener que reintegrar toda la cuantía que abonó su cliente por esos conceptos.

"Se trata", pues, "de fijar un criterio sobre la resolución de estos asuntos, que servirá de base para que se resuelvan el resto de las causas judiciales" de este tipo, explica el presidente de la Audiencia de Zamora, Jesús Pérez Serna.

Las líneas que establezcan los magistrados del Tribunal provincial marcarán la jurisprudencia a aplicar en Zamora, al tratarse de la última instancia ante la que pueden recurrir las partes en litigio en esta clase de demandas.

A partir de ese uno de febrero, se abrirá la veda para acudir a la vía civil con el objetivo de exigir a las entidades financieras la devolución de esas cuantías que afectan a todos los zamoranos que hayan solicitado una hipoteca para comprar una vivienda y hayan efectuado el desembolso por esos conceptos indebidamente cargados a los titulares de los préstamos, puesto que son trámites que benefician a las cajas o los bancos, no a los dueños de pisos y casas, según las primeras sentencias que deberá ratificar en parte o totalmente la Audiencia.

Será a partir de esas resoluciones cuando los abogados comenzarán a registrar las demandas de sus clientes ante el Juzgado número 6, el designado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para absorber todas esas reclamaciones civiles.

Este órgano, al que el Consejo General del Poder Judicial ha eximido de la tramitación de otros asuntos civiles desde el uno de enero de este año, verá incrementados por miles los asuntos que registrados, dado el volumen de afectados por las cláusulas suelo de hipotecas de viviendas, unos 1.100 formalizados entre junio y diciembre de 2017 a mayores de las causas de todo tipo que llegan cada ejercicio judicial a su oficina civil, unas 600, que deberá afrontar también. A partir del 20 de noviembre, una juez de apoyo asumí demandas por cláusulas abusivas, si bien este refuerzo, con la ampliación de dos horas diarias de jornada a los funcionarios de la oficina y al letrado de la Administración de Justicia, cesará en junio, salvo ampliación.

El colapso que ya sufre este órgano judicial, que será casi imposible salvar sin una oficina bis de civil, es decir, el nombramiento de funcionarios para tramitar los asuntos de la juez de apoyo, aumentará con las demandas por gastos de hipoteca que se sucederán a partir del uno de febrero.