El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la capital estará exento hasta junio de la tramitación de cualquier asunto civil, salvo los relativos a las demandas por cláusulas abusivas y gastos de constitución de hipotecas para la adquisición de viviendas, demandas que han colapsado el órgano judicial en solo seis meses, al llegar casi a las 1.100 reclamaciones cuando el Ministerio de Justicia le adjudicó en exclusiva las competencias para resolver esas causas en junio de 2016.
La temporalidad de la medida, solo hasta junio, es lo que preocupa en estos momentos, puesto que la avalancha de asuntos no cesará, debido a que las hipotecas con cláusulas suelo fueron la tónica general durante el boom del sector inmobiliario y que los gastos de hipoteca de viviendas los vienen asumiendo los beneficiarios del préstamo desde hace décadas.
El Consejo General del Poder Judicial acaba de tomar la decisión de repartir entre los cinco juzgados de la capital, que recibirán por reparto el resto de las causas civiles que deberían recaer en el número 6 para su resolución, no así las casi 600 que ya tiene registradas de 2016, que tendrá que resolver junto a las específicas sobre las condiciones y gastos de constitución de las hipotecas.
Esa medida, aprobada a final de año, entró en vigor el uno de enero, con el consiguiente malestar entre el resto de magistrados de Primera Instancia e Instrucción, que ya habían decidido ayudar a su compañera del número 6 "quitándole gran parte del trabajo de civil", por la tardanza en adoptarla, el 30 de diciembre, in extremis, "tenían que haberla tomado desde el principio" y se habrían evitado "tensiones innecesarias entre los jueces" que se vieron obligados a "reunirse en Junta para establecer respuestas" a la situación creada por la saturación de este juzgado exclusivo de cláusulas suelo y "descargarlo", explica el decano de jueces, Manuel García Sanz.
No obstante, decisión del órgano de gobierno de los jueces "es una buena medida", declara a este diario García Sanz, ya que "los jueces ya sabemos a qué a tenernos, da cierta seguridad jurídica tanto a nosotros como al ciudadano". Pero el juez decano no ahorra críticas a las instancias superiores al indicar que "ha sido surrealista lo que han tardado en establecer unas normas generales" para solventar la importante problemática surgida ante la avalancha de asuntos ingresados por esos juzgados exclusivos, "lo que ha provocado en muchas lugares que tuviera que intervenir la Junta de Jueces, como en Zamora, cuando tenían que haberse establecido esas normas generales desde el primer momento para evitar tensiones innecesarias" en la determinación de medidas por los propios jueces.
Incumplimiento
La decisión del Consejo llega después de que el Ministerio de Justicia incumpliera durante cuatro meses su compromiso de nombrar un juez de apoyo y que cuando lo ha hecho llegue sin el refuerzo de funcionarios para poder sacar el trabajo a un ritmo adecuado, puesto que los cientos de asuntos recibidos hasta superar con creces el millar tienen que ser absorbidos por el mismo número de funcionarios y un solo letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial), a los que se les ha ampliado en dos horas el horario laboral para dar salida a estas causas.
La magistrada titular del número 6, Isabel Aguado García-Luján, no ha dejado de advertir de la urgente necesidad de que se dotara a su Juzgado de un juez de apoyo, nombrado el 20 de noviembre de 2017 hasta junio de 2018, con sus funcionarios y letrado, sin conseguir todavía que esa oficina paralela de civil. La situación del Juzgado empeorará cuando comiencen a plantearse las de los gastos, paralizadas hasta que la Audiencia Provincial estudie los recursos y establezca el criterio a seguir para su resolución.
