Las mociones de censura no han dejado de planear sobre algunos de los ayuntamientos de la provincia, como el de Zamora, Morales del Rey, Villalpando y Morales del Vino, que han logrado despejar las sombras gracias a la denominada Ley antitransfuguismo, anulada ahora por el Tribunal Constitucional por entender que limita el derecho de los concejales a la acción política. Una decisión que ha logrado poner de acuerdo a todos los partidos políticos de Zamora: Es necesario arbitrar una norma que blinde la estabilidad de los gobiernos municipales e impida que un edil tránsfuga del mismo partido que el alcalde pueda aliarse con otros para derrocarle con una moción de censura.

Los dirigentes de PP, PSOE, IU y Ciudadanos confían en que sus formaciones trabajarán para que "la voluntad de los votantes no se vea vulnerada", esgrimen al unísono, y se legisle antes de las elecciones de 2019. Se trataría así de neutralizar la entrada en vigor de la anulación del apartado a del artículo 179 de la Ley Electoral por la sentencia del Constitución del 21 de diciembre, que para PSOE e IU "evitaba corruptelas", la compra de voluntades para hacerse con el gobierno, "como sucedió con el edil socialista José Luis Antorrena", recuerda Antidio Fagúndez, secretario provincial del PSOE, que perdió el Gobierno de la Diputación Provincial porque el PP compró su voto.

En ese sentido, se pronuncia el coordinador de IU, Miguel Ángel Viñas, ya que "en los ayuntamientos pequeños es más fácil presionar o manipular directamente a los ediles para cambiar" al alcalde.

Los políticos zamoranos, desde el respeto al fallo judicial, consideran que "rompe la estabilidad" que la Ley daba a los ayuntamientos "al evitar situaciones lamentables", indica el presidente del PP, José María Barrios, porque "se hacían mociones, no por el bien del pueblo o porque el alcalde no funcionara, sino de forma caprichosa". No le cabe duda de que "si hay acuerdo entre partidos, se podrá volver" a legislar para impedir a los tránsfugas que promuevan o apoyen mociones.

Para Viñas, el fallo es "un paso atrás, vuelve a abrir la puerta a que cualquier persona, desde el cargo conseguido con en la lista de un partido, modifique el sentido del voto que obtuvo", en aras de que el acta de concejal no es del partido, sino de la persona, lo que debería también modificarse a juicio de los dos políticos de IU y PSOE y del coordinador provincial de Ciudadanos, José Antonio Requejo, para quien "debería exigírseles que la entreguen y se vayan para casa porque se distorsiona el voto del ciudadano".

Viñas apunta como posible medida la aportada por el voto particular de uno de los magistrados que cifra la mayoría para presentar la moción en 3/4 o 3/5 partes de la Corporación para presentar la moción. Requejo insiste en que "se modifique lo que haya que modificar en la Ley" para que los tránsfugas no voten mociones.