La Junta de Portavoces se reúne hoy en el Ayuntamiento de Zamora para abordar el problema surgido con el interventor municipal, tras la denuncia interpuesta contra el alcalde, Francisco Guarido; el teniente de alcalde Miguel Ángel Viñas; y el secretario municipal, José María García Sánchez, por daños a la integridad moral y coacciones. Una reunión que se desarrollará a petición del grupo de concejales del PP para conocer la versión de la Alcaldía antes de valorar el asunto. Se da la circunstancia de que no es el primer incidente que surge entre el alto funcionario y un equipo de Gobierno, puesto que ya tuvo problemas con los alcaldes del PP Antonio Vázquez y Rosa Valdeón. Antes, en 2002 tuvo enfrentamientos con el alcalde de La Bañeza, su anterior destino, al que acusó de someterle a acoso laboral. Ahora, repite la historia con Guarido, al que acusa de no ha dejado de realizar declaraciones injuriosas sobre su persona, "incluso después de haber renunciado a lo que más me gusta en el mundo que es su trabajo, no me van a dejar", agrega en la denuncia para expresar su temor de que "no me van a dejar tranquilo, no me van a dejar vivir", lo que le llevó a recuperar sus funciones y revocar la atribución a la viceinterventora, decisión que el alcalde está impidiéndole llevar a cabo.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Miguel Ángel Viñas, mostraba ayer su "sorpresa" por la denuncia judicial del interventor municipal, Francisco Javier Parada, cuando "hay un decreto que emite él mismo, una propuesta de reestructurar el Servicio de Intervención que él hace y se considera positiva, por la que delega esas funciones en la viceinterventora". A partir de ahí, "él asume otras funciones diferentes", explica el teniente alcalde del Gobierno municipal IU-PSOE, para subrayar que tal decreto "está en vigor, mientras no haya otro firmado por el alcalde en sentido contrario". Esta relación de hechos echaría abajo la acusación de ilegalidad que mantiene López Parada, al ajustarse el decreto estrictamente al contenido que le dio el funcionario, a quien "nadie puede quitarle sus funciones", aclara Viñas. Así pues, "la legalidad está amparada por la decisión de Alcaldía con el apoyo de Sectaría, que es el órgano asesor jurídico del Ayuntamiento", declara el concejal del equipo de Gobierno.

Desde que Guarido firmó el decreto, a primeros de noviembre, el funcionario "deja de asistir a todas las mesas de contratación y ya ha habido varias antes" de las del 15 de diciembre, las que son objeto de polémica, unas convocatorias a las que estaba yendo la viceinterventora sin problemas. En cuanto a las supuestas amenazas, Viñas ha manifestado que "no voy a entrar en esa cuestión, lo que pasó en la mesa tengo muy claro y al final la mesa se celebró con normalidad".