El interventor del Ayuntamiento de Zamora, Francisco Javier López Parada acusa al alcalde de Zamora, Francisco Guarido; al teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas; y al secretario municipal, José María García Sánchez, de cometer "actos prevaricatorios" para dañarle en el desempeño de su cargo, por lo que ha interpuesto una denuncia contra ellos por "delitos contra su integridad moral y por coacciones".
Las acciones judiciales se desencadenan tras impedirle el 15 de diciembre formar parte de tres mesas de contratación, de las que es miembro nato por el cargo que desempeña, según manifiesta, si bien Viñas ha aclarado que se habían celebrado otras mesas desde que López Parada cediera buena parte de sus funciones a la viceinterventora, de acuerdo con el decreto firmado por el alcalde y elaborado por el propio funcionario. En su denuncia ante el Juzgado de Guardia, describe una "presión laboral tendenciosa", con la que "saben que están causando daños" y solicita un reconocimiento del médico forense.
Relata cómo el secretario municipal y Viñas se encerraron con él en la sala de contratación para entregarle un documento firmado por el alcalde en el que se transfiere a la viceinterventora la competencia de acudir a las mesas de contratación, como decisión complementaria al decreto que Guarido firmó a primeros de noviembre para limitar sus funciones en favor de la otra funcionaria, y que él había elaborado, insiste Viñas. Sin embargo, López Parada afirma que tal decisión se acordó "con vulneración de la Ley" y "fuera de cualquier competencia" del regidor municipal, ya que únicamente él como interventor puede tomar esa medida.
La comunicación del alcalde es "un acto administrativo inexistente", destaca, ya que "se modifica la composición legal de una mesa de contratación, contra la Ley, provocando la nulidad radical de los acuerdos que adopten", advertencia que dice haber hecho al concejal y al secretario, que respondieron con la "amenaza de expulsarle del edificio con la Policía Local".
La reunión de la mesa se desarrolló en otra estancia, "un despacho distinto, excluyendo" al alto cargo que sostiene en el Juzgado que "este es el último hecho en una cadena y de actos atentatorios contra la integridad moral, que vienen produciéndose desde hace años y agravándose en los últimos meses". Un supuesto acoso que ha tenido su punto álgido tras la denuncia que cursó en la Fiscalía Provincial por el gasto en la instalación de dos urinarios portátiles en el mercadillo de los martes.
A raíz del archivo de ese caso, acusa a Guarido de haberle "injuriado gravemente" en algún medio de comunicación y advertido de que "iba a ejercer acciones disciplinarias" contra él, lo que generó "una semana de extrema tensión", tras la cual "consiguieron que cediera a delegar todas sus funciones a la viceinterventora", aunque desde el equipo de Gobierno se haya dicho que "han hecho lo que el interventor quería, cuando el interventor solo buscaba sobrevivir a una situación de presión laboral tendenciosa".
