El interventor del Ayuntamiento de Zamora, Francisco Javier López ha denunciado al alcalde de Zamora, Francisco Guarido; al teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas; y al secretario municipal, José María García Sánchez, por delitos contra la integridad moral y de coacciones a través de "actos prevaricatorios" para dañarle al impedirle formar parte de tres mesas de contratación, de las que es miembro nato por el cargo que ostenta en la institución local.

Viñas ha mostrado su "sorpresa" por la denuncia cuando "hay un decreto que emite el propio interventor, en el que propone reestructurar el Servicio de Intervención y en el que delega en la viceinterventora", momento a partir del cual "él asume otras funciones diferentes". El teniente alcalde del Gobierno municipal IU-PSOE subraya que tal decreto "está en vigor, mientras no haya otro firmado por el alcalde en sentido contrario", y que se ajusta estrictamente al contenido que le dio Francisco Javier López, a quien "nadie puede quitarle sus funciones".

El concejal de IU agrega que desde que Guarido firmó el decreto, a primeros de noviembre, Francisco Javier López "deja de asistir a todas las mesas de contratación y ya ha habido varias antes" de que decidiera denunciar, convocatorias a las que estaba yendo la viceinterventora.

Por su parte, el alto cargo aduce ante el Juzgado que el secretario municipal y Viñas se encerraron con él en la sala de contratación para entregarle un documento firmado por el alcalde en el que se transfiere la competencia de acudir a las mesas de contratación a la viceinterventora, como decisión complementaria al decreto que Guarido había acordado con el interventor para limitar sus funciones en favor de la otra funcionaria. Una decisión que Francisco Javier López considera tomada "con vulneración de la Ley" y "fuera de cualquier competencia" del regidor municipal.

La comunicación del alcalde es "un acto administrativo inexistente" a juicio del interventor, que apunta en su denuncia que "se modifica la composición legal de una mesa de contratación, contra la Ley, provocando la nulidad radical de los acuerdos que adopten", una advertencia que asegura haber hecho al concejal y al secretario que le han respondido con la "amenaza de expulsarle del edificio con la Policía Local".

Finalmente, el alto funcionario, de cuya denuncia se hizo eco la Ser, relata que se optó por desarrollar la reunión de la mesa de contratación en otra estancia, "un despacho distinto, excluyendo" al alto cargo del Ayuntamiento de Zamora. En su declaración ante la juez, sostiene que "este es el último hecho en un cadena y actos atentatarios contra la integridad moral, que vienen produciéndose desde hace años y agravándose en los últimos meses". En este punto, hace referencia a la denuncia que cursó ante la Fiscalía Provincial por el gasto en la instalación de dos urinarios portátiles en el mercadillo de venta ambulante de los martes, a raíz de la que acusa al alcalde de haber.