José María Álvarez | Secretario general de UGT: "En Zamora, la política de sueldos bajos no genera empleo ni riqueza"

-Quedan escasos días para dar carpetazo al ejercicio 2017 y comenzar 2018, que según todos los expertos será un año clave para el empleo y para la economía española. ¿Qué grandes tareas pendientes tiene el sindicato para el ejercicio que viene?

-Tenemos tres retos fundamentales. Primero uno genérico que tiene que ver con el reparto de la riqueza. El país está creciendo, eso es un hecho. Hay gente que está ganando muchísimo dinero y el problema es que, a la vez, hay gente que trabaja para seguir siendo pobre, con trabajos de media jornada y jornada parcial. En definitiva, no se han generado los medios para vivir dignamente.

-¿Qué propuestas de actuación tienen al respecto?

-Hay que actuar sobre tres elementos. Primero, sobre la calidad en el empleo. Creemos que la reforma laboral es la causante del estropicio actual del mercado de trabajo y por tanto queremos revertir los efectos negativos de la reforma. Es necesaria más estabilidad en los contratos, que los temporales obedezcan a razones temporales y que no sean contratos indefinidos camuflados, porque esto afecta a los derechos de los trabajadores. Y hay que actuar sobre los salarios, empezando por el Salario Mínimo Interprofesional, que tiene que ajustarse a las recomendaciones de la política social de la Unión Europea que dicen que debe ser el 60% del Salario Medio Neto del país.

-Un objetivo ambicioso.

-Sí. No se podrá hacer en un año, pero queremos un acuerdo que apunte al momento en el que se va a llegar a esta cifra. Es solo una recomendación, porque en muchos países el salario mínimo está por encima del 60% del medio neto.

-En los últimos meses llevan a cabo una campaña que pide que ningún convenio esté por debajo de los mil euros al mes.

-Esto debe concretarse en las conversaciones sobre negociación colectiva y va en la línea de repartir la riqueza que se está generando. Es un lema que está puesto en todos nuestros locales y que nos va a acompañar el tiempo que sea necesario, hasta que todos los trabajadores cobren un mínimo de mil euros mensuales.

-¿Consideran que esa cifra es suficiente para vivir con dignidad?

-No, no es suficiente. Pero en el actual momento hay muchísima gente que se ve reflejada en esto. España tiene 18 millones de trabajadores y, más o menos, la mitad de ellos cobra menos de mil euros al mes. Nos parece un objetivo que hay que conseguir por la vía de la negociación colectiva.

-Reparto de la riqueza, salarios? ¿Cuál es el tercer gran punto pendiente para el año que viene?

-Las políticas sociales. Tenemos que crear una renta mínima que garantice derechos. No solo vista desde la perspectiva del Gobierno, también desde los ayuntamientos. Tenemos que saber qué ayuntamientos dedican dinero a políticas sociales, cuáles tienen medios para identificar la pobreza y recursos para paliarla. Empezando por la vivienda, que debe ser parte fundamental de las políticas sociales de los ayuntamientos. En definitiva, buscamos un colchón de protección integral -ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado-, no como ahora, que hay municipios que dedican recursos, otros que no, y lo mismo pasa con las comunidades autónomas.

-Volvamos a la negociación colectiva. ¿Cómo están las conversaciones sobre el acuerdo marco con la patronal? ¿Hay algo ya cerrado o queda camino por andar?

-Hay que seguir trabajando, ni siquiera se han abierto oficialmente las negociaciones. Acabamos de cerrar el acuerdo para un planteamiento común con Comisiones Obreras. Hay dos elementos fundamentales en los que ambos sindicatos vamos a coincidir: las ganancias de poder adquisitivo y el reparto de la riqueza. Queremos que los trabajadores con sueldos más bajos tengan un crecimiento más alto. Esto se daría en empresas pequeñas, en el sector servicios, que son los que más han sufrido las consecuencias de la crisis.

-En años anteriores ustedes y la patronal han cerrado acuerdos nacionales que hablaban de subidas del dos y del tres por ciento. Después la negociación colectiva llega a Zamora, los empresarios dicen que no están en condiciones de subir sueldos y los trabajadores se quedan con un 0,5, un 1% o, como mucho, lo que marque el IPC. ¿Qué importancia tienen estos acuerdos nacionales con los empresarios si después no se llevan a la práctica en los sueldos de los trabajadores de provincias como esta?

-Hay que conseguir que los acuerdos se implanten en Zamora. Nosotros se lo decimos a la patronal, los acuerdos se firman para que se desarrollen. No puede ser que haya una comunidad que no recoja los mínimos. Entre otras cosas porque el Zamora la política de sueldos bajos no genera empleo ni riqueza. Al contrario. Cuanto más crezcan los sueldos más consumo habrá y en mejores condiciones estarán las empresas. No tiene sentido que no se aplique. Vamos a luchar con la idea de que los acuerdos sean de aplicación directa por la vía de la negociación colectiva.

-Pero la realidad es que no se cumplen y Zamora es la provincia con los sueldos más bajos de la comunidad y una de las que registran menores subidas. ¿Hay algún instrumento que puedan usar para que estos acuerdos se cumplan o son meras "declaraciones de intenciones"?

-No hay instrumentos. Esto no son convenios, son las bases para negociar. La otra parte no tiene ninguna obligación jurídica que podamos exigir. Se trata más bien de una obligación política para el desarrollo del acuerdo, como también la tenemos las organizaciones sindicales.

-¿Lo van a exigir?

-Sí, en este acuerdo vamos a exigir a la patronal que el cumplimiento sea sobre todo en aquellos lugares con salarios más bajos y trabajadores en una peor situación. Donde hay un sindicato fuerte las subidas de sueldo se consiguen, en ocasiones, sin necesidad de este tipo de acuerdos. Es un tema de justicia, tenemos que conseguir que en las provincias donde hay menos presencia se puedan aplicar los acuerdos para beneficiar al mayor número posible de trabajadores. Lo que se aplicaría serían los acuerdos sobre el salario mínimo porque hay categorías profesionales que se quedarían por debajo si se revisase.

-El lunes anticipó una "primavera caliente" si no se avanza en temas de negociación colectiva. ¿Qué medidas se plantean? ¿Estaríamos hablando de una huelga o no se ven con suficiente fuerza en la calle?

-Tenemos la fuerza que nos da la gente? Somos conscientes de que el sindicalismo no pasa por sus mejores días. Se han encargado de crear las condiciones para que tengamos una situación que nos condicione la acción sindical. Hay gente interesada en desprestigiarnos para quitarnos poder de negociación al tiempo que se recortan nuestros derechos. En otoño no se ha podido avanzar por la situación política del país, monopolizada por Cataluña. En el mes de enero esto tiene que cambiar y que la agenda social vuelva a formar parte central del debate político del país. Si no hay movimiento por parte de patronal y del Gobierno se abrirá un proceso de movilización.

-¿Hablamos de movilizaciones "de verdad" o de concentraciones frente a las sedes de la patronal, como las que se han llevado a cabo en los últimos meses, que apenas tienen repercusión ni impacto?

-Movilizaciones de verdad. Ya veremos cómo las concretamos, pero serán serias. El periodo de concentraciones, que dan sus frutos, ya ha terminado y ahora tenemos que pasar a cosas más serias, con más trascendencia y más implicación.

-En su visita a Zamora ha hecho hincapié en el sistema público de pensiones y ha asegurado que las pagas públicas están garantizadas. ¿De verdad creen que los trabajadores que ahora comienzan su vida laboral tienen la pensión pública garantizada?

-Por supuesto, no tengo ninguna duda. La pregunta que ahora se hacen los jóvenes yo también me la hice, pero los años pasan y llega el día. El sistema está garantizado porque sobre él decidimos los ciudadanos, que tenemos que decidir si invertimos en pensiones públicas o en otra cosa. No hay ningún sistema más fiable y garantista que uno público.

-Pero reconoce que hay que tomar medidas.

-Claro que sí, para actuar sobre los elementos en los que el sistema falla. Los errores llegan por los ingresos, porque la Seguridad Social no gasta en exceso. Hay que introducir nuevos elementos. La digitalización es brutal desde el punto de vista de la destrucción de empleo y hay que introducir nuevos elementos de recaudación sobre las nuevas tecnologías para garantizar el sistema.

-Ustedes hablan de subir las cotizaciones para aumentar los ingresos que recibe la Seguridad Social.

-Creemos que habría que eliminar el tope de las cotizaciones sociales para que la Seguridad Social ingresara más, efectivamente. Además, apostamos porque los gastos de gestión de la Seguridad Social se financien no con las aportaciones de trabajadores y empresas, sino con cargo a los Presupuestos Generales del Estado como se hace en los países de nuestro entorno. Esta medida supondría un ahorro de 4.500 millones al año. Además, desde UGT opinamos que habría que acabar con las subvenciones a la contratación, que no generan empleo. Si un empresario contrata a un trabajador es porque lo necesita, no porque la contratación esté subvencionada. Si hubiera que dejar alguna ayuda a la contratación, también tendría que financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, vía impuestos en lugar de aportaciones de trabajadores. Con estas medidas, consideramos que la Seguridad Social se sanearía en un plazo de dos años ya que el problema de gasto no existe. Las pensiones en España son más bajas en otros países.