El zamorano acusado de tráfico de licores, responsable de la empresa de distribución Cedilla, y otros dos imputados del País Vasco y de Madrid testifican a partir del lunes próximo en el juicio quese celebra en el Juzgado de lo Penal, que deberá decidir si impone los 8 años de prisión exigidos por el Ministerio Fiscal por delitos contra la Hacienda Pública al eludir el pago 11,4 millones de euros correspondientes al IVA y el impuesto especial de alcohol que graba la venta de licores en los años 2006 y 2007. El fraude al Estado español de los seis empresarios imputados asciende casi a los 30 millones de euros, según el Ministerio Público.
Las sociedades conformaban una red internacional de tráfico de licores y alimentos, según la acusación de la Fiscalía Provincial, que exige al empresario vasco y al italiano el pago de 18,3 millones de euros, ya que habrían defraudado 8,5 millones, en 2006; y 9,8 millones, en 2007, cantidades que defraudaron a Hacienda.
La otra zamorana vinculada con Cedilla ha alcanzado un acuerdo con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Rafael de Vega Irañeta, y la Agencia Tributaria, representada por el Abogado del Estado, lo que le permitirá eludir el juicio, tras haber pagado una importante suma como multa por la responsabilidad penal en los dos delitos contra la Hacienda Pública que admite haber cometido. Otros dos imputados admitieron haber cometido el delito y abonaron una multa millonaria para llegar a un llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El otro procesado, un italiano considerado el cabecilla de la trama, se encuentra en busca y captura.
Con la supuesta actividad ilícita que se denunció y ahora se juzga se trataba de recuperar el dinero relativo al 16% del impuesto especial que graba este artículo y que las empresas implicadas en la organización nunca llegaron a pagar realmente, si bien lo reclamaron a la Hacienda pública española tras simular el abono porque las operaciones entre países de la UE están exentas de ese gravamen.
La vista oral está previsto que se prolongue durante toda la semana, puesto que habrá medio centenar de testigos. La investigación se inició en el año 2009, cuando la Guardia Civil desarticula una red internacional de tráfico de licores y alimentos, de la que participaba la empresa Cedilla S.L., con sede en el polígono de Los Llanos de Zamora, otra del País Vasco, una Madrileña y un empresario italiano, cabecilla de la trama, sociedades que mediante el sistema denominado "carrusel" defraudaban al erario público, según el escrito de acusación del Ministerio Público.
La inspección de Hacienda sobre actividades mercantiles dio origen al procedimiento judicial en el Juzgado número 3 de la capital, tras detectarse el supuesto fraude fiscal en el que se imputó a los seis empresarios. El procedimiento se ha dilatado por los múltiples recursos presentados por los abogados de las defensas y las dificultades para identificar y localizar al italiano imputado, que está paradero desconocido. Desde la Fiscalía elaborara su escrito de acusación hasta que concluyó la instrucción y se elevó la causa al Juzgado de lo Penal han pasado tres años.
La juez que investigó los hechos imputó a los seis supuestos integrantes de la red internacional de tráfico de licores los delitos por el impago del IVA y del impuesto especial de alcohol en las anualidades de 2006 y 2007. La juez abrió procedimiento abreviado, al castigarse estas infracciones penales con hasta cinco años de prisión cada una de ellas.
El cabecilla de la red internacional de tráfico de alcohol, investigada con la ayuda de la Brigada Especial de Delitos Monetarios de la Guardia Civil de Madrid, la ostentaría un ciudadano italiano, buscado todavía hoy por la Interpol, según todos los indicios.
La organización fijó sus instalaciones en el puerto de Barcelona, donde recibía la mercancía adquirida en diferentes puntos de España y a diversas empresas para su exportación, que incluía licores y alimentos, de acuerdo con la información que trascendió en su día.
