La Fiscalía Provincial y los jueces recibieron los dardos del interventor del Ayuntamiento de Zamora, Francisco Javier López, que no solo dirigió al alcalde de IU, Francisco Guarido, el secretario municipal e incluso los funcionarios que afirma "me pedían informes de reparo" para la ejecución de partidas. Centró su intervención en la prórroga "ilegal, incompatible con el sistema jurídico español" de contratos de servicios públicos a empresas privadas, como el agua, la ORA o la recogida de basuras, lo que "es una situación generalizada. Yo también he oído hablar de concejales que han viajado, ¿pruebas?, ninguna, no se puede ir al fiscal". A renglón seguido mencionó la denuncia que Guarido elevó a la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato de Aquagest, "con quien se lleva ahora de maravilla, llevó el informe de este interventor tan malo que tiene, el cabrón, el díscolo. La Fiscalía de Madrid lo mandó a Zamora, donde se perdió la pista". Sobre los jueces afirmó que, si las instituciones deciden entrar en pleitos con las concesionarias, "estas empresas tienen un cierto poder, más que los ayuntamientos, mejores servicios jurídicos, contactos permanentes con jueces, te encuentras con un juez ha publicado un libro financiado por la empresa".