Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el próximo sábado 25 de noviembre, Comisiones Obreras vuelve a mostrar una vez más su "profundo rechazo" ante una lacra que ya se ha cobrado 44 vidas en lo que va de año, 7 más que en 2016. Un repunte "muy alarmante", en palabras del secretario provincial del sindicato, Manuel Prieto, quien ayer arremetía contra el Gobierno por la "falta de recursos y políticas efectivas" recordando que uno de cada cuatro jóvenes ve "normal" la violencia de género en una pareja. No obstante, desde la organización se mostraban "satisfechos" con el Pacto de Estado aprobado el pasado mes de septiembre sobre el que tienen puestas las esperanzas para "solucionar muchas de las condiciones que ahora mismo están en el aire", sostienen.

En el caso de Zamora, según los datos facilitados por Esther Heredero Mate, secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de FSP, durante el primer semestre de 2017 se interpusieron en el ámbito regional 2.704 denuncias, 175 de las cuales fueron realizadas en la provincia, donde se solicitaron 64 órdenes de alejamiento (y 18 fueron denegadas). Además, 51 mujeres contaron con protección policial activa, aunque ninguna llevó dispositivo electrónico de seguimiento, y se dictaron 13 condenas por maltrato.

Unos datos "nada alentadores" que también repercutieron en el ámbito laboral, según denuncian desde el sindicato. De hecho, el 75% los contratos bonificados firmados en 2016 en Castilla y León fueron de carácter temporal, donde solo se rubricaron 173 de carácter indefinido. "Es más que evidente que siguen fallando los mecanismos que se establecen para la protección de las víctimas o la valoración de su riesgo, algo que es fundamental", exponía Trinidad Acebes, responsable de igualdad del sindicato quien también hacía hincapié en las dificultades añadidas a los casos del mundo rural.

Por ello, a fin de erradicar este tipo de violencia, CC OO edita una guía sobre recursos y derechos disponibles para las víctimas como la reducción de jornada, el derecho preferente al traslado de centro de trabajo, la suspensión del contrato con derecho a prestación por desempleo o la justificación de ausencias o faltas de puntualidad "motivadas por la situación física y psicológica derivada de la violencia de género".