La Fiscalía Provincial de Zamora ha archivado la denuncia interpuesta por el interventor municipal contra Christoph Strieder por prevaricación en la contratación de urinarios públicos portátiles para su instalación en el mercadillo semanal de los martes. Una resolución que sustenta en la "falta de fundamentos y de elementos suficientes para mantener la perpetración de hechos delictivos". El interventor municipal había denunciado ante la Fiscalía la presunta comisión de un delito penal por parte del concejal de Comercio, Christoph Strieder, por la instalación "sin partida específica para ello" de cuatro baños portátiles para dar servicio al mercadillo semanal de los martes. Concretamente, indicaba el alto funcionario que dicha contratación se había llevado a cabo "con vulneración de las normas reguladoras" y que debía "ser perseguida penalmente por la presunta comisión de un delito de prevaricación".
Analizado el expediente, la Fiscalía Provincial de Zamora ha decidido archivar la causa por "no revestir los hechos acreditados carácter delictivo", toda vez que cuando se interpuso la denuncia, el expediente aún estaba inconcluso. De hecho, días después de que el interventor se dirigiera a la Fiscalía, el jefe del servicio de Comercio del Ayuntamiento de Zamora acreditó que, efectivamente, sí existía partida para acometer ese gasto aunque previamente hubiera dicho lo contrario, algo que se achaca a "un error".
Desproporción
El alcalde, Francisco Guarido, considera que el interventor municipal actuó "de manera desproporcionada" al acudir a los tribunales con este asunto, a su juicio, de bajo calado. "Estamos hablando de la instalación de cuatro urinarios portátiles, uno de ellos para minusválidos, que se instalan por la necesidad de dar servicio a la gente que acuda al mercadillo, para que puedan hacer las cosas que se hacen en este tipo de instalaciones", ha indicado. Incidiendo en esta idea, Guarido ha tirado de hemeroteca para ahondar en el asunto a tratar. "Recuerdo que cuando estábamos en la oposición, desde IU llevamos ante la Fiscalía la operación del edificio municipal que costó cinco millones de euros a cambio de nada a los zamoranos. En aquel entonces, el interventor también podía haber llevado el expediente a Fiscalía, pero no lo hizo", ha expresado.
El equipo de Gobierno, por último, ha señalado que "se estudiarán" posibles medidas disciplinarias contra el interventor municipal aunque, reconoció Francisco Guarido, aún se desconoce si esto se puede llevar a cabo.
