El alcalde del PP de Ferreras de Abajo, Gregorio José San Pedro, y dos de sus concejales no ejercieron las competencias que le correspondían al Ayuntamiento de inspección urbanística, "con la diligencia mínima que sería deseable", al permitir que se construyeran viviendas en el municipio y en Litos sin licencia de obras y abrir expedientes, pero concluye que tal "pasividad no es un hecho delictivo", , afirma el juez que ha investigado al cargo público, que deja la puerta abierta a una infracción administrativa.

El magistrado rechaza pues, la acusación de la Fiscalía, por "no resultar debidamente justificada", por la que exigía el procesamiento del regidor municipal, los concejales del PP y el secretario municipal por un delito de prevaricación por omitir su deber de exigir la solicitud de los permisos para edificar y abrir expedientes por tales ilegalidades. Sí subraya el juez que "resulta extraordinariamente difícil de creer que se ignorase la realización de la mayoría" de las obras. De hecho, propietarios de edificaciones efectuadas sin licencia manifestaron ante la Fiscalía y ante el juez que el propio alcalde les dijo que podían construir sin la licencia, según fuentes próximas al caso.

El magistrado elogia la labor de la policía judicial durante la instrucción, la elaboración de informes detallados que le han servido para afirmar, "con meridiana claridad", que la mayoría de las obras investigadas "estaban sujetas a licencia municipal", pero "ni se solicitó por los interesados, ni tampoco fue exigida desde el Ayuntamiento". El alcalde y dos sus concejales, de iniciales E.A. y R.M.G., tampoco llevaron a cabo "actuaciones tendentes a restaurar la legalidad", aunque las competencias en inspección urbanística son de la institución local, recalca el auto de archivo de la querella.

Las diligencias, que derivan de la investigación emprendida por la Fiscalía a tenor de la denuncia de los concejales del grupo del PSOE en Ferreras de Abajo en agosto de 2015, termina en una resolución que admite las ilegalidades para concluir que "las competencias en materia de inspección urbanística no se ejercieron desde el Ayuntamiento de Ferreras de Abajo o la Junta Administrativa de Litos con la diligencia mínima que sería deseable".

No obstante, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Zamora añade que "tal pasividad no es un hecho delictivo", lo que motiva el archivo de la causa, decisión que puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Zamora.

El Fiscal pidió la apertura de diligencias judiciales al entender que Gregorio José San Pedro, y dos de sus concejales permitieron, por omisión o a sabiendas, la edificación de diez construcciones sin que los propietarios solicitaran la correspondiente licencia de obras en ese municipio (siete viviendas) y en Litos (tres), lo que podría suponer un delito de prevaricación, que ahora descarta el juez en base a una sentencia del Tribunal Supremo que resuelve un caso similar.

El fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta que abrió diligencias, denunció en su día la falta de colaboración de los responsables de ambos municipios que no le remitieron información necesaria para investigar ni sobre la concesión de los permisos urbanísticos ni del inicio de expedientes sancionadores por la construcción ilegal, que el juez estima que deberían haberse realizado.

Los testigos declararon ante el fiscal que dijeron "de palabra al alcalde o concejales y secretario" que iban a construir, a lo que les contestaron que "únicamente es necesario abonar las tasas de enganche de aguas sucias y limpias" en Litos; y en Ferreras, que "nada".