Regresaba a China. Ponía fin a su corta estancia en España como turista en mayo de 2012, sin sobresaltos, para visitar a compatriotas. Pero su regreso al país del sol naciente se topó con un problema, el exceso de dinero. El ciudadano chino, Liu D.G. pretendía llevarse 170.000 euros y 25.000 dólares del país, cuya procedencia no pudo justificar minutos antes de embarcar en el avión de vuelta.

Retenido en el aeropuerto por Hacienda, por incumplir la legislación española que solo permite sacar de España 10.000 euros sin justificar, las autoridades aduaneras le informaron de que se le abriría un expediente sancionador por blanqueo de capitales. La jugosa cantidad quedaba retenida hasta que justificara, en el transcurso del procedimiento sancionador, de dónde había sacado euros y dólares.

Los agentes le explicaron que debería dejar una dirección en España para recibir las notificaciones correspondientes de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias para que pudiera defenderse frente a la acción de Hacienda.

¿Casualidades de la vida?, un conocido empresario vallisoletano, de iniciales J.L.P.G., "que se encontraba en el aeropuerto, se ofreció a ayudarle", explica la abogada de Liu, "le prestó la dirección de su empresa" del sector inmobiliario, Wego Medical Group Europe S.L., con domicilio en piso 1 del número 73 del paseo del Ladrillo, de Valladolid. Entrar el vallisoletano en escena y desaparecer el dinero en cosa de seis meses fue todo uno. Liu llegó a China, pero su dinero jamás volvió a estar en su poder. Hoy espera que los tribunales resuelvan el entuerto, la estafa que asegura haber sufrido hace cinco años.

Y es que, según la querella sobre la que tendrá que sentenciar la Audiencia Provincial, el empresario buscó a otro ciudadano chino para que suplantara la identidad de Liu, para lo que aprovechó una fotocopia del pasaporte del turista oriental y el gran parecido que los ciudadanos de aquel país tienen a ojos occidentales. El siguiente paso, buscar a dos testigos, casualmente vinculados al sector de la construcción, uno de ellos empresario zamorano de iniciales M.V.C. y el otro de iniciales F.J.T., para que le acompañaran en la notaría a la que acudió con el chino y la fotocopia del pasaporte de Liu, supuestamente para renovar el documento. Se trataba, prosigue la letrada, de otro engaño. El notario certificó, en realidad, según la acusación, que Liu otorgaba un poder al empresario para que pudiera manejar sus asuntos, por supuesto, a sus espaldas, indica la abogada. El vallisoletano J.L.P.G. se ocupó a fondo de todo lo concerniente al expediente sancionador, incluida la recepción del dinero retenido, recoge la querella por estafa. Abonó la multa correspondiente: 80.000 euros. "La Comisión le devolvió 85.000 euros y los 25.000 dólares".

El verdadero dueño del dinero "continuaba mientras tanto en China, esperando a que le llegara alguna de las notificaciones" que Hacienda le había advertido que le iría enviando. Sin noticias de España, decidió poner el asunto en manos de un abogado. A partir de ahí, desenmascara a su benefactor, agrega la letrada. Cuando esta acude a reclamar información sobre el expediente de Liu, descubre que está resuelto desde días y que el dinero ha volado a manos del empresario vallisoletano, explica. La querella interpuesta contra los tres españoles (al otro ciudadano chino no se le ha identificado) les sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia, ante la que la Fiscalía exige una condena a 4 años de cárcel por estafa para el principal cerebro, la devolución del dinero y multa de 2.700 euros.

La acusación exige 9 años de cárcel por la estafa y por considerarles colaboradores necesarios en el delito de usurpación de la identidad de Liu, y el reintegro del dinero. Liu, el denunciante, no logró el visado para volver a España, por lo que el presidente de la Audiencia, Jesús Pérez Serna, acordó suspender la vista oral. "Tuvo problemas con la recepción de un documento desde aquí". La Audiencia no pudo conectar con China por vídeo conferencia para facilitar su comparecencia "por problemas técnicos". En cuatro meses se celebrará el juicio con o sin él.