El dispositivo está conectado a una centralita que alerta a la Policía Nacional en el caso de que el condenado se la quite o la bloquee por algún sistema. Se trata de los dispositivos que se vienen instalando a maltratadores, funciona con tres sistemas electrónicos: un GPS, que si falla permite conocer el posicionamiento de quien la lleva puesta a través de GMS y, si este fallara, por radiofrecuencia.
La pulsera consta de un brazalete que lleva el condenado y que emite una señal de radiofrecuencia, que normalmente se coloca en el tobillo; y de un teléfono móvil, que debe portar siempre consigo y que el funciona como un "smartphone", transmite voz y datos y recoge la señal radiofónica emitida por el brazalete. La víctima del procesado lleva un tercer dispositivo, muy similar al anterior, pero que tiene una antena que permite recoger la señal de radiorreferencia emitida por los del condenado, en este caso, Manuel Martínez Quintas. Los magistrados subrayan en su auto que la colocación de este mecanismo "no es una pena ni una medida, sino un mecanismo de control de la ejecución de la pena impuesta en sentencia que permite la Ley para garantizar la protección integral de la víctima que sufrió los delitos cometidos por el reo y "el cumplimiento efectivo" de la sentencia. Se trata de una medida para "intervenir de inmediato en caso de incumplimiento, protegiendo a la víctima y sus familiares directos, y, en su caso, perseguir el quebrantamiento de la pena" que cometería el condenado si entra en la provincia de Zamora o los municipios estipulados de Valladolid y Alicante.
