En solo ocho días hábiles de septiembre, el Juzgado número 6 de Zamora capital ha recibido 59 reclamaciones por cláusulas suelo de hipotecas, un ritmo frenético que no ha frenado desde que el uno de junio pasado asumiera las demandas que se interponen en toda la provincia, 453 ya, número que "ha colapsado" a este órgano de Primera Instancia e Instrucción. La situación es "dramática y eso que estamos empezando" a recibir asuntos, denuncia la en declaraciones a este diario la magistrada titular, Isabel Aguado García-Luján.
Con la sola ampliación de horario laboral para dos funcionarios de los cuatro que solicitó la juez y para el letrado de la Administración de Justicia (anterior secretario) por el momento, la medida resulta "totalmente insuficiente", critica Aguado García-Luján. "Es imposible asumir la carga, tanto para mí, como para la oficina de civil, que está ya desbordada", subraya la juez, preocupada por la grave situación que se avecina, puesto que todavía no se están recibiendo las reclamaciones por los gastos de constitución de la hipoteca. Una saturación "cercana a la que sufren los juzgados de Burgos, Salamanca y Palencia", lamenta el decano de los jueces, Manuel García Sanz, que se suma a la reivindicación.
La precariedad de medios humanos descrita repercutirá en el ciudadano, ya que, de no solventarse con rapidez esta deficiencia, tardará en recuperar el dinero que le tiene que devolver la entidad financiera prestamista.
La voz de alarma que lanza la magistrada está más que justificada, puesto que, a la espera de que se empiecen a presentar reclamaciones para exigir la devolución de los gastos de constitución de hipoteca, el volumen de asuntos que tiene sobre la mesa por cláusulas suelo, registrados en junio y julio, "triplica el número de las demandas civiles que han entrado en este último trimestre". Es decir, los casos de cláusula suelo han reventado la estadística judicial de este órgano mixto creado precisamente para descongestionar a los otros cinco juzgados mixtos de la capital.
El Juzgado tendrá que decidir sobre "decenas de miles de esas reclamaciones porque todos los ciudadanos han tenido que abonar esos gastos, incluida yo", manifestaba para insistir en "la urgencia del nombramiento de un juez de apoyo", solicitado al Consejo General del Poder Judicial (C.G.P.J.), junto a "la ampliación de la jornada laboral de más funcionarios". De modo, que la juez no se ha quedado de brazos cruzados, como tampoco el decano, que sigue esperando la respuesta del C.G.P.J., después de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma aprobara dotar de un juez de apoyo. "A mediados de septiembre volveremos a reclamarlo".
El nombramiento está pendiente de que el Ministerio de Justicia, lo presupueste, abunda García Sanz, titular del Juzgado número 2 de Zamora con funciones de Mercantil, el que concentraba este tipo de demandas hasta que el Gobierno del PP decidió repartirlas entre todos los órganos para aliviarle de la carga. Para la magistrada sobre la que vuelve ahora a recaer de forma exclusiva la competencia "lo razonable hubiera sido que la dejara como estaba, con estos casos repartidos entre los diez juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la provincia"
El exceso de trabajo repercute, recuerda la magistrada, no solo en la buena marcha del resto de asuntos civiles y penales, sino en la agilidad de la justicia: "el ciudadano verá su juicio aplazado, que era lo contrario de lo que se pretendía" con la medida desde el Ministerio, recalca Aguado.
