Aunque la crisis económica no sea ya tan severa como hace unos años, el problema de los desahucios está ahora en las cifras más altas de los últimos ejercicios. Los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que, solo entre enero y marzo de este año, se registraron 52 "lanzamientos" -término jurídico utilizado para designar cuando una familia es obligada a abandonar su vivienda- en la provincia de Zamora. Es más de un desalojo cada dos días.

En el primer trimestre del año pasado, según la misma fuente de estadísticas, se registraron un total de 36 lanzamientos. La cifra ascendió a 42 en el primer trimestre del año 2015, a cuarenta en el 2014 y a 45 en el 2013. La evolución que marcaban las estadísticas de los últimos ejercicios hacía prever que no se volverían a alcanzar las cifras registradas entre enero y marzo, más propias de los años más duros de la crisis económica.

29 de los lanzamientos registrados entre los meses de enero y marzo fueron consecuencia de los impagos hipotecarios. El proceso suele ser iniciado por la entidad financiera con la que la familia tenía contratada la hipoteca y el proceso, en caso de que prospere, se cierra con la familia obligada a abandonar el inmueble. Además, hay 21 procesos de lanzamiento que son consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, familias que no cumplen con el alquiler pactado entre el propietario del inmueble y el inquilino. Hay dos casos que no están catalogados.

En el mismo periodo analizado, en los tres primeros meses de este ejercicio, las entidades financieras han presentado 21 solicitudes de ejecución hipotecaria en la provincia de Zamora, unos casos que podrían traducirse en nuevos lanzamientos.

El último caso del que se ha tenido conocimiento público es el de una familia que iba a ser obligada a abandonar su vivienda, en la que reside de alquiler, por no pagar el alquiler acordado con el propietario. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que la semana pasada se movilizó, los impagos del alquiler son consecuencia de un embargo de la pensión que la Seguridad Social ha aplicado al afectado en cuestión por haber percibido indebidamente unas cantidades, un error que la PAH atribuye íntegramente a la propia Seguridad Social. Las medidas de presión y la negociación de la plataforma y la familia lograron paralizar el desahucio, previsto para el pasado lunes.