Los proveedores de la Diputación Provincial cobran sus facturas entre seis y siete días antes de completar el horizonte legal de treinta días, tal y como figura en el último informe de morosidad de la institución provincial correspondiente al segundo trimestre del ejercicio, que comprende los meses de abril, mayo y junio.

El documento saldrá a la luz en la sesión plenaria que celebra la Diputación mañana, donde se dará dación de cuentas también del informe de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda del segundo trimestre del ejercicio 2017, además del cumplimiento de los plazos para el pago de las obligaciones de la Diputación Provincial.

El pleno tendrá también cabida para aprobar las bases del contrato de ayuda a domicilio para los próximos dos años, que incluye un incremento de la licitación inicial de casi un millón y medio de euros. Así, pasará de 5,4 millones a 6,8 millones. Sobre este asunto se pronunciará durante la sesión el grupo de Izquierda Unida en la Diputación, que si bien valora de forma positiva el aumento, critica "que se mantenga el precio por hora de hace dos años".

Laura Rivera hace referencia a los 17,91 euros por hora que propone incrementar a través de una enmienda para que la tarifa "aumente al menos en la subida del IPC, condicionando esta subida para que repercuta en las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de la ayuda a domicilio", esgrime la diputada.

Según los datos recabados por IU, desde junio a agosto de este año "los 141 solicitantes de ayuda a domicilio han pasado directamente a engrosar la lista de espera que, sumada a la de los meses anteriores, llega a la alarmante cifra de 241 personas", concluye Laura Rivera. La portavoz hace un repaso a la situación hasta el mes de agosto, periodo en el que se han producido "289 bajas -94 por muerte, 117 por renuncia y 78 por suspensión temporal superior a seis meses-, se han dado 312 altas -180 nuevas y 133 de puesta en funcionamiento de lista de espera- y 374 solicitantes con algún tiempo en lista de espera.

Según salió a relucir en la comisión del área celebrada de cara a la sesión plenaria de mañana, la Junta aumentará la financiación en 400.000 euros, por lo que "la Diputación y los usuarios deberán financiar algo más de un millón del aumento del coste del nuevo contrato", sopesa.