El juzgado de lo Mercantil de Zamora ha anulado la compra de bonos del Popular por parte de un cliente de un pueblo de la provincia, la primera sentencia en este sentido desde que, el pasado 7 de junio, se materializó la compra del Popular por parte del Santander por un euro -más el compromiso de asumir todas las obligaciones de la entidad financiera adquirida-.
La sentencia, ganada por la Plataforma Stop Cláusulas Suelo de Zamora y notificada a los interesados hace tres días, viene a anular la compra de bonos del Popular por valor de 40.000 euros. Cabe señalar que la conversión de estos bonos en acciones dejó a los afectados sin un solo euro puesto que las participaciones en el Popular no valían nada en el momento de la compra del banco por parte del Santander.
Así las cosas, la cantidad invertida por el afectado ha sido recuperada íntegramente. El juzgado descuenta, eso sí, los dividendos que el afectado percibió cuando los bonos del Popular todavía ofrecían rentabilidad a sus compradores. También obliga al banco a pagar al afectado el interés legal del dinero, el que hubiera percibido durante el tiempo que se encuadra entre la firma del contrato y la resolución del mismo.
"Es la primera sentencia favorable tras la intervención y compra del banco y ha sido impulsada desde la Plataforma Stop Cláusulas Suelo de Zamora", aseguran los abogados que han defendido los intereses del afectado.
El juez fundamenta su sentencia en varios puntos. Primero, sobre la caducidad del producto, asegura que hay que tener en cuenta el momento en el que el cliente deja de recibir intereses, no la fecha de la compra. Apunta además que estos instrumentos financieros deben ser calificados como "complejos" porque "escapan al normal entendimiento de una persona carente de conocimientos o experiencia en el sector financiero", por lo que la entidad debería extremar las medidas de precaución encaminadas a que el cliente sepa qué es lo que realmente está firmando. Así las cosas, asegura que la parte demandada no cumplió con sus deberes de información.
Cabe recordar que, tras la compra del Banco Popular por parte del Banco Santander, los depósitos bancarios de los clientes quedaron protegidos y garantizados. Sin embargo, los más de 300.000 accionistas que en esos momentos tenía el Popular vivieron una situación bien distinta porque perdieron, en principio y si no se resuelve en los tribunales con sentencias como la conocida ahora, "todo el valor de sus acciones". El patrimonio de otros inversores, como los poseedores de Bonos Popular y las Obligaciones Subordinadas Popular "también está en serio peligro", insisten desde la plataforma de defensa de los consumidores bancarios.
Ante la "gravedad" de esta situación, desde la plataforma "queremos advertir a todos los afectados de la necesidad de ser informados de cara a proteger sus legítimos intereses. Instamos a todos los compradores de productos complejos, así como de otros productos bancarios, a que se informen", zanjan.
