Ningún paciente que sea considerado prioritario tendrá que esperar más de 30 días para ser sometido a una prueba diagnóstica en la red de Sacyl y ni más de tres meses si es preferente. Es más, la Gerencia Regional de Salud afina para reducir al máximo esta última cifra, "para rebajarla de forma considerable", y, en todo caso, si sobrepasa estos tiempos se compromete a permitir al paciente acudir a un centro privado para realizarse la prueba. Por lo que respecta al resto, los pacientes ni prioritarios ni preferentes, Sanidad estudia marcar un tope, aunque como ocurre con la lista de espera quirúrgica podría dejarse abierto, sin límite de tiempo.

Estos son los plazos que maneja la Consejería de Sanidad para redactar el decreto que regulará la garantía de demora máxima para pruebas diagnósticas que verá la luz a finales de año, nunca antes de diciembre. Para ello, se clasificará a los pacientes en función grados de prioridad, como ocurre desde hace dos años con los que configuran la lista de espera quirúrgica. "Una de las prioridades de esta legislatura está siendo fijar un sistema de priorización, de ordenación de pacientes según su potencial gravedad, que tiene más sentido que un sistema por tiempos de espera. Jerarquizar en función de la gravedad permite acceder a los recursos y servicios a los que, en teoría, tienen un mayor riesgo", sentencia a Ical el consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado.