La Subdelegación del Gobierno de Zamora ha multado a seis personas por participar y, supuestamente "organizar", las concentraciones que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca realizó durante el pasado mes de junio para intentar paralizar la subasta de la finca de Ramón Álvarez, el agricultor toresano que estuvo más de dos semanas en huelga de hambre.
Según aseguraron ayer Mena Martins y el abogado Patricio Alonso, la multa nace del hecho de que no se comunicó oficialmente la concentración a la Subdelegación del Gobierno de Zamora. "El llamamiento a la protesta se hizo de un día para otro porque había urgencia" para evitar la subasta de la finca, apuntan fuentes de la plataforma. "Incumplíamos los diez días mínimos que marca la ley, pero entendemos que la libertad de manifestación está por encima de los reglamentos sobre la misma, más si cabe cuando no se altera el orden público, como era el caso, puesto que se trata de una plaza", la de Castilla y León, "en la que no hay circulación de vehículos y en ningún caso se impedía realizar vida normal a los viandantes de la zona".
El abogado de la plataforma asegura además que la Policía "en ningún momento" se personó en la zona para identificar a las personas que han recibido las multas. "Las denuncias se han elaborado gracias a las fotos que la propia plataforma colgó durante esos días en su página de Facebook". La PAH considera que se trata "de una persecución política de la Subdelegación del Gobierno hacia los activistas de la ciudad" y de la plataforma en concreto porque, indican, "no se han tomado estas mismas medidas contra los miembros del otro colectivo que apoyaba a Ramón Álvarez", la UCCL.
La denuncia asciende a una cuantía de trescientos euros para cada uno de los afectados. Patricio Alonso confirmó que las personas que han recibido las multas no las pagarán hasta que lo ordene un juez. "Vamos a acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo", apuntó.
