28 de agosto de 2017
28.08.2017

La Diputación supera con nota el examen de transparencia del comisionado regional

La web corporativa posee un grado de accesibilidad "correcto" al requerir no más de "cuatro o cinco clics" de ratón para acceder a los contenidos

28.08.2017 | 01:11
Un usuario accede a la página web de la Diputación Provincial.

"Accesible, actualizada, con datos reutilizables y adaptada a personas con discapacidad". Así define la Diputación Provincial su página web corporativa en el informe remitido al Comisionado de Transparencia de Castilla y León que mide el índice de transparencia de las instituciones públicas, tanto provinciales como municipales. Según valora el órgano que vela por la transparencia en la región, "el análisis de la web zamorana permite comprobar que, en líneas generales, la autoevaluación que realiza la Diputación se ajusta a la realidad". La institución plantea en su respuesta que tiene publicados en su página web "la mayor parte de los contenidos exigidos por la legislación de transparencia, con una claridad correcta al estar puntuada con un intervalo de 3 y 5 sobre 5". También estima que "el grado de accesibilidad es correcto, por necesitarse entre tres y cinco "clics" de ratón para acceder a casi cualquier contenido". De igual modo, "la información está actualizada, es accesible a las personas con discapacidad y los datos que ofrece son completamente reutilizables al estar publicados en formato PDF", alega la institución en su comunicación al Comisionado de Transparencia.

El órgano da por buena la conclusión de la institución provincial zamorana, sin embargo, el acceso a su portal de transparencia "no se realiza desde la página de inicio sino a través del epígrafe "Transparencia" contenido en la información de la propia institución", alegan. Por lo demás, dejan en buen lugar el portal ya que "cuenta con un doble contenido: por un lado, se organiza bajo la sistemática correspondiente accediendo a los datos publicados a través de enlaces desde el propio texto de la Ley y, por otro, el contenido se organiza bajo la sistemática propuesta por Transparencia Internacional", evalúa.

Tras este examen, el órgano constata "el esfuerzo" de la Diputación por cumplir la legalidad. No obstante, señala dos deficiencias generalizadas en el camino hacia una cultura integral de la transparencia, pero que no suponen un incumplimiento de la legislación de transparencia en sentido estricto. Se trata de la utilización "casi exclusiva" del formato PDF para suministrar la información, un sistema que no puede considerarse reutilizable del todo. Observan también un ligero déficit que presenta la información suministrada en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad. De igual modo, el órgano detecta "la preocupación de las instituciones por atender más a los criterios establecidos por Transparencia Internacional a fin de ocupar una buena posición en la clasificación que por atender al cumplimiento estricto de la legislación que les es aplicable". En todo caso, reconocen "el avance" en materia de transparencia.

A nivel regional, han cumplimentado y remitido el correspondiente cuestionario las diputaciones de León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, además de Zamora. No lo han hecho, en cambio, las de Burgos y Ávila. En lo que se refiere a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, han remitido el cuestionario cumplimentado los de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria. No lo han hecho los consistorios de Zamora y Salamanca.

En el primer año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, ésta ha recibido 102 reclamaciones frente a denegaciones expresas de solicitudes de información pública dirigidas por los ciudadanos a las administraciones y otras entidades de Castilla y León. De ellas, más del 70% se presentó frente a ausencias de respuesta a peticiones de información.

Las resoluciones dictadas por la Comisión de Transparencia son vinculantes y de obligado cumplimiento por parte de las administraciones, a diferencia de las resoluciones del Procurador del Común, y tras su dictamen solo resta la vía contenciosa administrativa. El grado de cumplimiento de las resoluciones asciende al 70%, según el último informe de la entidad.

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