Tras la finalización del periodo de consultas abierto para la extinción de los contratos de trabajo de la empresa Arcebansa, que concluyó sin acuerdo entre las partes, los trabajadores de la empresa anuncian movilizaciones inmediatas en medio "del hartazgo y la impotencia". La primera de ellas tendrá lugar el próximo lunes a través de una concentración "por el incumplimiento de pago por parte de la empresa de una nómina de julio", expone Ángel Lobo, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Zamora.

En lo que se refiere a los impagos, el sindicato alude al compromiso de Arcebansa de abonar una de las nóminas pendientes en la primera quincena de agosto -en la actualidad, se adeudan las de mayo, junio y julio, además de las extras de Navidad de 2016 y julio de 2017 para quienes no las tuviesen prorrateadas- "sin que la nómina en cuestión se haya pagado", subraya Lobo. Ante este escenario, "ni siquiera se pone a disposición del trabajador las cantidades indemnizatorias en las nóminas pendientes de cobro, lo que resulta en aumentar la cantidad a pagar por el Fogasa, además de los trastornos que sufren los trabajadores, ya castigados por los recurrentes retrasos e impagos". Aunque será necesario estudiar cada caso, "puede que haya alguno que no recupere todo lo adeudado", ya que Fogasa solo abona cuatro nóminas y hasta un determinado importe.

Desde la pasada semana, la empresa ha comenzado ya a entregar las cartas de rescisión de los contratos, unos despidos que se ejecutan de forma gradual, según el sindicato. El pasado 18 de agosto se hizo con 36 empleados, mientras que a finales de mes está prevista la marcha de otros 46. La docena restante permanecerá en la empresa hasta el cierre definitivo. Según denuncia UGT, los despidos "son comunicados sin preaviso de quince días, reconociendo esta deficiencia y la deuda correspondiente".

Lobo expone también que "algunos trabajadores han solicitado vacaciones en agosto que han sido denegadas por excesiva carga de trabajo". En este sentido, "no entendemos que por una parte haya excesiva carga laboral para denegar el disfrute de vacaciones que deberán ser cotizadas y abonadas y, por otro, exista imposibilidad de pago".