Cardenal Cisneros es la vía pública de la capital que más caídas peatonales acapara a juzgar por las reclamaciones recibidas en las instituciones. Durante el último año el Ayuntamiento recibió cerca de una decena de reclamaciones patrimoniales por lesiones en la zona, unas quejas que la institución municipal deriva al Ministerio de Fomento por ser éste el titular de la avenida. El valor de todas ellas ronda los 20.000 euros si bien la reclamación más cuantiosa ascendió a casi 12.000.

La caída en cuestión se produjo cuando un ciudadano caminaba por la avenida del Cardenal Cisneros y tropezó con una baldosa en mal estado. Las lesiones que le produjo esta caída fueron tasadas en 11.885 euros.

Aunque las reclamaciones formales con denuncia policial se reducen a una decena, las quejas transmitidas al Ayuntamiento aumentan a muchas más. Así lo reconoce el propio concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, para quien "la situación de las aceras es insostenible, de ahí que hayamos tomado la iniciativa de asumir económicamente el arreglo de parte de las aceras pese a no ser de nuestra competencia", valora.

El escrito municipal remitido el pasado miércoles a la Subdelegación del Gobierno deja clara la responsabilidad de las aceras: "Este Ayuntamiento considera que, en su momento, tanto las actuales aceras como la calzada fueron puestas a disposición del Ministerio de Fomento para la realización de la avenida y, por lo tanto, su mantenimiento y reposición le corresponde al Gobierno", subraya en varias ocasiones el escrito remitido por el propio alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, al subdelegado del Gobierno, Jerónimo García Bermejo.

Las aceras de la avenida fueron construidas en los años 90 sobre tierra -no sobre cemento- sin que desde entonces se haya ejecutado una intervención global sobre ellas. Su arreglo ha estado siempre condicionado por la titularidad de la avenida de Cardenal Cisneros y su transferencia, en jaque por motivos económicos. El Gobierno fijó en su momento, conforme a su orden ministerial, una compensación de 350.000 euros por kilómetro de travesía de dos calzadas en una dirección. Las negociaciones para su reversión, a las que instó hace unos años el propio Procurador del Común, continúan en el aire a expensas de una reanudación pendiente desde hace años.