La asociación de consumidores bancarios Adicae denuncia el "absoluto boicot de las entidades financieras al mecanismo extrajudicial, que lejos de servir como protección, supone una nueva exposición de abusos a sus clientes. Miles de usuarios siguen sintiéndose estafados y engañados por las entidades al comprobar que, pese a la multitud de sentencias que declaran nula la abusiva cláusula suelo y a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece la devolución íntegra, los bancos continúan practicando escandalosas irregularidades y se niegan a reintegrar las cantidades cobradas indebidamente".

Un informe llevado a cabo por Adicae con encuestas a cientos de afectados por las cláusulas suelo indica que solo el doce por ciento de los hipotecados ha obtenido una oferta económica por parte de su entidad bancaria. De este porcentaje, continúa el informe, "tan solo el seis por ciento de los clientes han recibido efectivamente las cantidades y el resto han supuesto ofertas engañosas por parte de los bancos".

Adicae ha registrado un "cúmulo de flagrantes irregularidades que las entidades están cometiendo, tales como ingresos parciales de las cantidades parciales que el banco estima -siempre a favor de la entidad- sin realizar ninguna oferta previa, sin desglose de cantidades, intereses ni negociación con los afectados". Además, es "generalizada" la "denegación sistemática de las reclamaciones sin especificar motivo alguno, el mantenimiento de la cláusula suelo en los préstamos de las hipotecas aludiendo transparencia, aún a día de hoy y con el gran número de sentencias ya dictadas".

El informe de la asociación de consumidores financieros "deja patente la mala fe y la falta de escrúpulos de las entidades. Mientras, los clientes continúan pagando en sus contratos hipotecarios por este abuso bancario que ya debería haber concluido. La actitud de las entidades", aseguran desde Adicae, "supone una rebelión frente al decreto-ley del Gobierno".

Con estos mimbres, Adicae pide "una solución eficaz a los grupos parlamentarios que dieron el visto bueno al sistema extrajudicial y que carecen hasta el momento de cualquier información al respecto después de ocho meses desde su aprobación, así como a las instituciones de consumo, justicia y economía que participan en la misma y que no han mostrado ningún interés en el funcionamiento eficiente del sistema".