Hace hoy exactamente un año del inicio de los trabajos en el antiguo edificio del Banco de España. Aquel 11 de agosto de 2016, Francisco Guarido encabezaba la delegación de concejales que visitó el espacio llamado a convertirse en nuevo cuartel de la Policía Municipal, sede del Archivo Municipal y una de las obras cumbre del mandato bipartito entre IU y PSOE. Han pasado 12 meses de aquello y es difícil imaginar qué más le habría podido pasar el proyecto en tan poco tiempo. Una denuncia por amianto que resultó ser falsa, varios intentos de modificados de obra, peticiones para inyectar más dinero en la construcción y finalmente la espantada de la empresa. A día de hoy, apenas está ejecutado el 30% de una obra que debería haber estado lista seis meses atrás. Una situación que no solo ha paralizado el traslado de la Policía sino que, en efecto dominó, también tiene empantanada la nueva sede del Museo Baltasar Lobo.
La firma del acta de replanteo sobre las vetustas mesas del antiguo Banco de España, entre la penumbra de un espacio sin circuito eléctrico, dio el pistoletazo de salida a esta obra hace un año. La UTE Urvios-Proforma presentó una oferta casi inmejorable: redujo el coste del proyecto hasta límites prácticamente temerarios y además se comprometió a entregar el nuevo espacio en seis meses, treinta días menos de lo previsto en el pliego de condiciones. Humo.
Apenas pasaron unos días desde el inicio de los trabajos y los operarios recibieron orden de dejar de trabajar. Alegaba la empresa, en ese mismo mes de agosto, que había levantado el falso techo del edificio y se había topado con amianto. ¿En un edificio de 1984, año en que se prohibió su uso? Suena raro. El Ayuntamiento encargó un análisis que dio negativo. La empresa otro que dio positivo. Un tercer análisis sobre siete muestras, realizado a instancias de la Junta de Castilla y León por laboratorio de Barakaldo "líder en España" determinó que, en efecto, no existía rastro de amianto. Pero para entonces, en octubre de 2017, ya se acumulaban tres meses de retraso, la mitad del plazo de ejecución de la obra.
Los meses pasaron y la entrada del nuevo año debía augurar un avance notable en los trabajos. En enero de 2017, de hecho, faltaría apenas un mes para la entrega de la obra. Sin embargo, el grado de ejecución sobrepasaba tímidamente el 25% en ese preciso momento. Un mes después, el 11 de febrero de 2017 y según contrato, la UTE Urvios-Proforma tenía que haber firmado el fin de obra y entregarla al Ayuntamiento de Zamora. Nada de eso ocurrió, sino que las cosas se complicaron aún más.
Tal y como denunció el Partido Popular, a finales del mes de febrero, con el plazo ya vencido, se produjo una reunión en un hotel de Zamora. En esta cita, la dirección de obra y la constructora pactaron unos precios para mejorar económicamente el proyecto y valoraron la posibilidad de realizar un modificado del contrato. En total, el precio de los trabajos se encarecería un 10%, según sus cálculos, respecto a los 631.000 euros con los que se habían comprometido a realizar el nuevo cuartel de la Policía Municipal.
Corría ya marzo de este 2017 cuando el Ayuntamiento autorizó a dirección de obra realizar un modificado del proyecto. Un nuevo plan de trabajo que no gustó nada a la UTE adjudicataria, que seguía reclamando más dinero. En ese momento, Urvios-Proforma ya dejó entrever que quería abandonar el proyecto. La obra, por cierto, seguía paralizada.
Para cuando se abrió la hoja de mayo en el calendario, apenas existía un 35% del trabajo realizado. Fue en ese mes cuando el Ayuntamiento de Zamora otorgó a la empresa un periodo de gracia de tres meses más para completar la obra con un modificado del 9,95%. Pero la empresa no tenía ninguna intención de seguir en Zamora. De hecho, el Banco de España permanecía cerrado a cal y canto. Sin rastro de operarios. Sin ruido. Sin nada.
Hoy, un año más tarde, el contrato entre el Consistorio y la UTE Urvios-Proforma está en vías de rescisión, la obra sigue a medias y la Policía continúa en la Plaza Mayor. Lo que iba a ser un proyecto bueno, bonito y barato se ha convertido en la pesadilla del equipo de Gobierno.
