El juez que investiga las causas de la salmonelosis que acabó con la vida de una anciana de 96 años en la residencia Conchita Regojo de Fermoselle ha declarado compleja la instrucción a fin de poder disponer de un mayor plazo de tiempo para indagar sobre el origen de la intoxicación que afectó a una decena de ancianos el 22 de diciembre de 2016, lo que provocó ingresos en el Hospital Virgen de la Concha. El magistrado dispondrá ahora de un año más para completar las pesquisas, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que redujo a seis meses la instrucción, plazo ampliable hasta los 18 que puede aumentarse, si es preciso.

La decisión se ha tomado para poder completar la recogida de pruebas, entre ellas, un exahustivo informe de la Consejería de Sanidad de Castilla y León que todavía las partes personadas en la causa, entre ellas la Fiscalía Provincial, desconocen. El juez solicitó al organismo autonómico ampliar el primer documento remitido, en el que únicamente se aludía a la detección de la salmonelosis, sin entrar en detalles. El titular del Juzgado habría solicitado un estudio más detallado que abarcara, entre otros aspectos, las condiciones higiénicas de la cocina de la residencia, de manipulación de la comida y de los propios alimentos que ingirieron los ancianos aquella jornada.

La familia de la fallecida se ha personado ya en el procedimiento judicial por si la pérdida de la mujer pudiera responder a una acción negligente por parte del centro Conchita Regojo, si bien por el momento, hasta conocer los términos del informe de la Junta, el abogado no ha solicitado la realización de ninguna prueba complementaria que pueda arrojar más luz sobre lo ocurrido. La compañía de seguros de la residencia también se ha personado en la causa por si, finalmente, el juez determina que existen indicios de un delito de negligencia con resultado de una muerte. En tal caso, la aseguradora tendría que responder de la indemnización correspondiente.

La investigación judicial se abrió de oficio, después de que el Complejo Asistencial de Zamora que atendió a la mujer elaborara un informe tras su fallecimiento el 27 de diciembre de 2016, a los cinco días de ingresar junto a otros ocho internos de la residencia de la Tercera Edad de Fermoselle aquejados de la misma infección. La Guardia Civil había abierto diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la intoxicación alimentaria que provocó el ingreso hospitalario de nueve ancianos, entre ellos la que murió. Una vez concluida la fase de recogida de pruebas y toma de declaración a testigos y a afectados, el juez puede archivar la causa penal y concluir que solo existe una responsabilidad, civil o administrativa. En el primero supuesto, los ancianos y la familia de la mujer muerta podrían exigir en el Juzgado las indemnizaciones correspondientes por los daños sufridos durante la enfermedad. Si es decide que la residencia cometió una infracción administrativa, será la Junta la que tenga que determinar qué sanción debe imponerse a la entidad de la que depende la residencia, a Cáritas.