El Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) exige 18 años de prisión y multas de 17.289 euros para el exjefe de sección de pensiones, de iniciales C.Ch.V., que manipuló la jubilación de abuelo fallecido en 1993 para quedarse con 549.591 euros entre el año 2000 y el 2016, además de alterar la de su padre para incrementar en 35.949 euros la cuantía que le correspondía cobrar entre julio de 1995 y febrero de 2011, hechos que reconoció durante la instrucción. Esa misma cuantía es la que el organismo público, que ejerce como acusación en la causa, pide como indemnización al procesado.
La Seguridad Social solicita tres años de prisión y una multa de 4.320 euros para la amiga de quien fue funcionario de referencia del departamento de pensiones, máximo responsable de la tramitación de las mismas, lo que le permitió, según todos los indicios, manipular los documentos públicos para rehabilitar la prestación de su abuelo fallecido y aumentar la cuantía de la del padre.
El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital, que investigó la denuncia del Inss, considera que el empleado público -que estaba a punto de jubilarse cuando fue descubierto- podría haber cometido dos delitos continuados de falsedad en documento oficial en concurrencia con otro continuado de estafa; y dos de disfrute indebido de pensiones públicas. Este mismo delito imputa a la otra acusada, M.M.P., amiga del exjefe. El magistrado considera que hay indicios de que obtuvo una pensión de viudedad ilegal por la que ingresó 13.263 euros de forma ilegal; y otra de orfandad al hijo menor de edad de la mujer, que le reportó 5.147 euros. Su benefactor, el funcionario, dio de alta las dos prestaciones en diciembre de 2015, suspendidas en octubre de 2016, cuando el Inss descubre el fraude.
A partir de la suma de las cuantías que la imputada disfrutó de forma ilegal, según el Inss y la Fiscalía Provincial, la Seguridad Social reclama en su escrito de acusación una indemnización de 19.960 euros para la amiga del excargo del organismo público.
El funcionario zamorano figuraba como persona autorizada en las dos cuentas bancarias en las que su amiga y el hijo de esta percibían las prestaciones, puestas en marcha mediante la rehabilitación de otras ya dadas de baja por el organismo público. El funcionario, acusado de falsificación de documento público, habría imitado la firma de la mujer para solicitar de rehabilitación de la pensión que fechó el uno de febrero de 2016, sin incluirla en el registro de entrada del Inss y fue reconocida como de viudedad del Régimen General de la Seguridad Social a causa del fallecimiento del marido (que, a la parecer, había muerto en el país latinoamericano de origen de la prestataria). En las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, no consta ni el alta ni la cotización del esposo de la amiga del exjefe de pensiones, aunque sí aparece como "afiliado sin datos laborales" según consta en el auto de procedimiento abreviado".
El juez estima en su auto de procesamiento que hay suficientes indicios como para imputar a los dos acusados delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, en los que aparecen como imputados el exjefe de pensiones y su amiga, contra quienes dicta auto de apertura de juicio oral. La Fiscalía debe establecer las penas de prisión y multas a pedir.
