Un guardia civil está siendo investigado en relación con la organización de proxenetas desarticulada por la Policía Nacional en mayo pasado y que operaba en Quiruelas de Vidriales, hasta donde el dueño del local y su compañera sentimental, ambos en prisión preventiva, trasladaban a las mujeres desde su país de origen, Paraguay, con promesas de trabajo en un hotel, si bien, al llegar a Zamora, les obligaban a prostituirse en un club de alterne de la localidad, según las diligencias que instruye un juzgado de Benavente.

En principio, las mujeres tenían que saldar una deuda de 1.700 euros por el coste del viaje con su trabajo de camareras de hotel, pero cuando llegaban a España las explotaban sexualmente bajo amenazas de causar daño a sus familias en Paraguay si se negaban, según la denuncia. Asimismo, se encontraban con que el dinero que debían devolver ascendía a 4.000 euros.

Además, de la pareja, fue detenida otra persona más, que quedó en libertad con cargos, la misma situación en la que estaría el guardia civil, por su supuesta implicación en la red de captación de mujeres extranjeras. El Abogado del Estado se ha personado también en la causa, según fuentes judiciales.

Como es habitual en este tipo de delitos, la pareja responsable del club de alterne benaventano viajaba al país latinoamericano y se hacía pasar por responsable de una empresa que necesitaba trabajadoras. La mujer era la primera que entraba en contacto con las supuestas víctimas que pretendía captar, para lo que simulaba ser una abogada cuando hablaba con las víctimas para ofrecerles empleo como camareras de hotel, de acuerdo con la denuncia interpuesta por una de las mujeres obligada a prostituirse.

El titular del club de alterne, que se hacía pasar por el empresario, se entrevistaba después con las mujeres para concretar las condiciones de trabajo e indicarles que la empresa adelantaría el dinero para pagar el viaje de Paraguay a Zamora, unos 1.700 euros. Parte de esas condiciones incluía el método para devolver la cuantía que adeudaban por el coste de su traslado hasta España y Zamora, que podrían abonar poco a poco a la empresa, detrayéndolo del sueldo que percibieran en el supuesto establecimiento hostelero que las contrataba, según explicó la denunciante a la Policía Nacional. A las mujeres que aceptaban se les citaba en una agencia de viajes de Paraguay para recibir instrucciones sobre cómo actuar en los controles de frontera, donde debían hacerse pasar por turistas, se las entregaba la documentación para poder salir del país, los billetes de avión y el dinero para el viaje.

Penas de prisión

Los cuatro acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta cuatro años por introducir a extranjeras en el país, inmigración ilegal, al margen de las que se le podría exigir por el delito de explotación sexual que pueden llagar a los cinco años de cárcel.

La intervención de la Policía Nacional se produjo a raíz de la denuncia de una de las mujeres paraguayas, que consiguió irse del club de alterne de Quiruelas de Vidriales a los diez días de llegar a Zamora creyendo que iba a trabajar en un hotel y terminó en el prostíbulo, que fue clausurado dentro de la operación de desarticulación de esta supuesta red de trata de mujeres para su explotación sexual, según la información de la Comisaría de Zamora.