Los "ajustes" realizados por la Junta de Castilla y León en el convenio suscrito con la Diputación para la recuperación ambiental de zonas degradadas por las escombreras ilegales implican un tijeretazo de casi medio millón de euros para la provincia de Zamora. Si hace tres meses el pleno aprobaba un convenio por una cuantía global de 1,86 millones para reparar en tres años las áreas afectadas por la acumulación de residuos inertes, la inyección económica queda ahora reducida a 1,4 millones. Así, la Junta pasará de aportar 1,3 millones a transferir 900.000, mientras que la Diputación mantendrá intactos los 500.000 euros previstos. Toda la Corporación lamentó la marcha atrás de la Junta y el propio equipo de Gobierno reconoció que "a falta de no tener otra cosa, tenemos que darlo por bueno", indicó el popular Aurelio Tomás, que achacó el recorte a "la nueva revisión por parte de la Administración regional de las áreas degradadas de la provincia".

Pese a todo, "tenemos el compromiso personal del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de incrementar la financiación si fuera necesario, pero con garantías de atender a toda la provincia", añadió la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo. El recorte, al parecer, procede de una revisión de la situación y la elaboración de un presupuesto "más ajustado".

El convenio se modifica también en lo relativo a la ejecución de las obras, "que se postergan a 2018", además de "no contemplar por escrito la cofinanciación de los municipios", añadió la portavoz de IU, Laura Rivera, que no dudó en tildar la operación de "maltrato" a la Diputación. En este sentido, la diputada de Izquierda Unida asumió que "a ustedes -por el PP- no les queda más remedio que aceptar, pero permítanme e incluso agradézcanme, entre comillas, que nosotros verbalicemos lo que ustedes piensan en realidad". También se pronunció sobre el asunto el diputado del C´s, David Carrión, quien instó a que la Junta "se retrotraiga a su aportación inicial".

La sesión sirvió también para aceptar la subvención del proyecto de formación para el empleo joven con una financiación de 320.600 euros de los que el Fondo Social Europeo aporta el 92%.

Por último, todos los grupos a excepción de IU, que se abstuvo, plantearon una declaración institucional para rechazar la celebración de "un referéndum secesionista en Cataluña fuera del marco de la Constitución española". Rivera aclaró que "no estamos a favor de la independencia de Cataluña porque somos internacionalistas, pero estamos a favor de consultas pactadas con normalidad democrática". Su intervención irritó al popular Aurelio Tomás, para quien la intervención de Rivera "recuerda a los grupos más extremistas de la Generalitat y ningún pueblo puede establecer consulta alguna en contra de la Constitución".