El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la capital ha recibido ya 161 demandas para pedir la nulidad de las cláusulas suelo, 24 de ellas en los primeros tres días de julio, sin que ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni el Ministerio de Justicia hayan cumplido la promesa de dotarle de medidas de refuerzo, lo que vaticina un colapso seguro. En el mismo periodo, la media de demandas que ingresó en el resto de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Zamora fue cuatro veces menor, unas 50 por órgano.
Con la previsión de que el ritmo de asuntos que lleguen, lejos de decaer, pueda continuar incrementándose, el Juzgado acabaría absorbiendo este año 1.441 solo de demandas de ciudadanos que reclaman la nulidad de las cláusulas suelo de sus hipotecas, a las que habría que agregar la media de 800 anuales de todo tipo de causas civiles, según ha podido saber La Opinión-El Correo de Zamora.
Las previsiones complican aún más las perspectivas porque la estadística se disparará más con las reclamaciones de la devolución de los gastos de constitución de las hipotecas, que apenas se han presentado a la espera de que se dicten sentencias que vayan despejando el camino sobre cuál será el criterio jurídico a aplicar por los jueces.
Promesas incumplidas
Las medidas de refuerzo prometidas por el CGPJ y el Ministerio incluían el nombramiento de un juez de refuerzo para el Juzgado número 6 , para lo que se barajaban los que acaban de salir de la Escuela de Jueces y no tienen ningún destino. Tampoco ha llegado el letrado de la Administración de Justicia (antes, secretario judicial) para aliviar la carga del titular que trabaja en este órgano.
Con esas mimbres, el Juzgado ahora especilista en cláusulas suelo, el de más reciente creación para descargar al resto de órganos, "modélico" en su funcionamiento porque está al día, "con tiempos de resolución de asuntos óptimos", sufrirá un bloqueo seguro si el Consejo y el Ministerio continúan mirando para otro lado, en lugar de cumplir con el compromiso de reforzarlo con medios humanos y materiales. Las dificultades ya se denunciaron cuando el Consejo decidió adjudicar estas demandas a un juzgado de Primera Instancia, cuando, precisamente, se acordó repartirlas entre los once órganos de Primera Instancia de la provincia para aliviar al Mercantil, con sobrecarga por la avalancha de este tipo de asuntos.
