Ramón Álvarez ha finalizado su huelga de hambre de veinte días "con secuelas detectadas, de momento, a nivel visual y de masa corporal", según apuntaron ayer desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Unión de Campesinos de Castilla y León, los dos principales apoyos de la familia toresana durante las últimas semanas. "La utilización de la huelga de hambre como medio de lucha en la que una persona pone en riesgo su salud es totalmente legítima cuando uno se encuentra todas las puertas cerradas y ya no tiene otra manera de llamar la atención para encontrar una solución. En este caso ha servido para sensibilizar a la ciudadanía de que hay leyes injustas que deben cambiarse incorporando los derechos humanos de manera efectiva".

UCCL y la PAH consideran que el proceso llevado a cabo por la Agencia Tributaria, "por muy legal que sea, es claramente injusto", razón por la cual "se ha buscado una solución que no pase por el desahucio ni por la pérdida de su medio de subsistencia". Con todo, "hay que resaltar que la Agencia Tributaria, en el nivel que el caso se ha estado moviendo, ha estado abierta al diálogo y a buscar una solución siempre que no se saliera del marco legal en el que la propia agencia está obligada a moverse. Por eso, después del encuentro con los responsables del caso en Valladolid, valoramos positivamente que Ramón y Mari puedan continuar viviendo en su casa siempre que se materialice la voluntad del pago de la deuda en la medida de sus posibilidades".

El punto negativo viene porque "no es todo lo que pretendíamos, que era que la granja y la casa no volvieran a salir a subasta como forma de garantizar el derecho a la vivienda y el poder ganarse la vida dignamente, ya que consideramos la subasta como una espada de Damocles sobre sus vidas".