21 de junio de 2017
21.06.2017

La "espantada" de la empresa obliga a rescindir el contrato de las obras del Banco de España

El Ayuntamiento anuncia el inicio de los trámites por la vía administrativa y asegura que se exigirán responsabilidades "llegando incluso al Juzgado"

21.06.2017 | 12:32
Exteriores del edificio del Banco de España, con las obras paralizadas.

La crónica de una muerte anunciada ha llegado a su fin. El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado los trámites para rescindir el contrato de las obras del Banco de España, adjudicado a la UTE Urvios-Proforma, después de varios meses con los trabajos paralizados. La adecuación de este edificio como nueva sede de la Policía Municipal debería haber estado lista el día 11 de febrero, pero hasta el momento tan solo se ha certificado poco más del 30% de la totalidad de la ejecución. Una circunstancia que ha llevado al Consistorio a tomar una medida drástica: fin del contrato y reclamación de daños y perjuicios. La obra, sin embargo, entra en barrena y es imposible atisbar una fecha para la reanudación de la intervención.

La UTE Urvios-Proforma, unión que sistemáticamente ha incumplido los plazos de las obras del Banco de España, tendrá que hacer frente a una demanda de responsabilidad por la vía administrativa. Así lo ha asegurado Romualdo Fernández, edil de Obras, que finalmente se ha decidido por la anulación del contrato. "Estamos dando los pasos necesarios para rescindir el contrato porque la empresa lleva varios meses sin trabajar en el edificio y está clara la dejación de funciones", apunta el concejal. "Por el momento trabajaremos en la vía administrativa para reclamar los daños y las responsabilidades pertinentes; no obstante, no si la empresa no responde por esta vía, acudiremos a los juzgados. Esto no les va a salir gratis", amenaza el edil de Obras.

La intervención en el Banco de España ha estado envuelta en la polémica desde antes de iniciarse, con la baja "casi temeraria" que alcanzó el 24,17%. Los trabajos arrancaron el 11 de agosto de 2016 con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que deberían estar finalizados en febrero de 2017. Sin embargo, apenas un mes después del inicio, una falsa alarma sobre amianto provocó el primer retraso. A partir de ahí, incumplimientos constantes por parte de la empresa y exigencias económicas que han colmado la paciencia del Ayuntamiento.

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