Más de 8.000 personas en riesgo de exclusión recurren a Cáritas Diocesana de Zamora para la cobertura de sus necesidades básicas: alimentación, productos infantiles y farmacéuticos o prestaciones relacionadas con la pobreza energética. Esos 8.178 usuarios representan el 63% de los vecinos que acudieron a Cáritas durante el pasado año. De ellos, nueve de cada diez son zamoranos frente al resto de usuarios inmigrantes, según los datos de la memoria de la organización, que registra casi 13.000 personas atendidas por la organización durante el último año. La cifra baja en medio millar de usuarios, un recorte que obedece "no tanto a la mejora de la situación sino a que la gente se nos va de Zamora", reconoce Antonio Jesús Martín de Lera.

A la luz de los resultados, el responsable de Cáritas reflexiona que "Zamora está en el vagón de cola del país, con niveles de pobreza y exclusión mayores que en cualquier otro territorio". En este sentido, "nuestra provincia sufre más los efectos de la crisis y tardaremos más en recuperarnos, si es que llegamos a hacerlo, dados los índices de despoblación y desempleo". Ante esta situación, sumada a la "precarización del mercado laboral", Cáritas apuesta por los colectivos más desfavorecidos: desempleados, parejas jóvenes sin ingresos, reclusos, personas mayores solas, infancia, dependientes y drogodependientes. El esfuerzo de la organización va dirigido también al empleo, con 626 participantes en los programas laborales que han implicado la creación de 120 puestos de trabajo durante el pasado año, según la memoria de Cáritas. La ONG atendió también a 56 inmigrantes, 216 reclusos, 935 personas sin hogar, 160 niños, 823 jóvenes, 486 drogodependientes y 548 mayores.

La memoria da cuenta no solo de los recursos humanos de Cáritas -803 entre voluntarios y colaboradores y 299 contratados- sino también de los económicos, con un equilibrio entre ingresos y gastos que ronda los 9.600 euros. La procedencia de los recursos proviene, en más de la mitad de los ingresos, de donantes, suscriptores y usuarios, que reportan más de cinco millones de euros. La Junta de Castilla y León aporta 2,1 millones mientras que el resto de cuantía económica proviene de entidades locales, Estado y Fondo Social Europeo, entidades privadas, Conferencia Episcopal y aportaciones de Cáritas. En lo que se refiere a los gastos, la mayor partida se la llevan los programas de mayores mientras que la drogodependencia asume 1,2 millones.