La administrativa del grupo socialista en la Diputación Provincial -cargo de confianza elegido por Antonio Plaza conforme al reglamento- será sometida a la suspensión de tres meses de empleo y sueldo por supuesta incompatibilidad entre su puesto como personal eventual en la institución provincial y su ejercicio en una asesoría jurídica de la capital que realiza trabajos para el Ayuntamiento de Mahíde, regido por el PSOE. Según ha podido saber este periódico, el instructor del expediente disciplinario -abierto hace más de tres meses para investigar la situación- ha concluido que existe una "falta grave" en el ejercicio de las actividades de la también alcaldesa de San Miguel de la Ribera.

El caso surgió a instancias de la denuncia de un concejal del Ayuntamiento de Mahíde que derivó en la apertura de expediente por parte de la Diputación para investigar si existía algún tipo de irregularidad entre el cargo de confianza de Pascual y su participación en la asesoría. La comparativa de gastos de los años 2015 y 2016 del Ayuntamiento del municipio zamorano de Mahíde daba cuenta de un importe de 1.107,46 euros por pagos a la gestoría en cuestión, unos datos que sirvieron para el inicio de la investigación tras la denuncia del edil popular. La cifra correspondía a la suma de las cuotas mensuales que durante año y medio la asesoría cobró al municipio por labores relacionadas con la tramitación de nóminas e impuestos.

La regidora de San Miguel de la Ribera fue designada por Antonio Plaza para ejercer una labor como administrativa del grupo socialista. Por el cargo de confianza percibe cada mes 1.579,85 euros -brutos- mediante catorce pagas, doce ordinarias y dos extraordinarias. Pascual tomó posesión de la plaza de administrativo como personal eventual adscrito al PSOE en julio de 2015, cuando suscribió una declaración de no desempeñar ninguna actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de incompatibilidad, al igual que el resto de sus cargos homólogos en los otros grupos políticos. Casi dos años después, en la sesión plenaria ordinaria del pasado mes de mayo, el pleno aprobó conceder la compatibilidad solicitada por la administrativa del grupo socialista para el ejercicio de "administradora y asesora jurídica de una empresa", según constaba en la aprobación plenaria.

La propia afectada, que alegó en su momento no asumir las funciones fiscales y laborales que su empresa lleva al Ayuntamiento de Mahíde, podrá regularizar la situación una vez superada la sanción propuesta por el instructor del caso. El grupo popular insistió de forma pública durante el pleno en el que se aprobó la compatibilidad en que la conducta de la regidora es "falta de ética y estética", además de aseverar que "nos consta que no es un caso puntual y asesora a más ayuntamientos", dijo Aurelio Tomás. Por su parte, Plaza reprochó que "en la historia de nuestro grupo nunca hemos hecho guiones de teatro para maltratar a un alcalde de signo contrario".