La alcaldesa de San Miguel de la Ribera y personal de confianza del grupo socialista en la Diputación Provincial, Raquel Pascual, utilizará «todos los cauces legales de nuestro ordenamiento jurídico en defensa de mi imagen pública y, desde luego, en aras de defender mis legítimos intereses como persona y como profesional». Así lo expresa la regidora después de que la Junta de Gobierno de la institución provincial aprobara esta mañana la resolución propuesta por el instructor que lleva el expediente disciplinario abierto a la administrativa para investigar la supuesta incompatibilidad entre su puesto como personal eventual en la institución provincial y su ejercicio en una asesoría jurídica de la capital. La resolución del instructor propone tres meses de suspensión de empleo y sueldo tras concluir que existe una «falta grave» en el ejercicio de las actividades de la también alcaldesa de San Miguel de la Ribera.
Pascual argumenta que se propone la sanción por la falta de compatibilidad en su trabajo en la Diputación Provincial «cuando responde a una contrariedad que se abra un expediente sancionador por ejercer una actividad a la que tengo derecho, tal y como se reconoce en el momento que se me concede la compatibilidad con la mayoría absoluta que posee el Partido Popular en el pleno monográfico celebrado el pasado 5 de mayo». A su juicio, el caso «responde a una persecución política por ser alcaldesa socialista y personal de confianza del PSOE», insiste.
Pascual Blanco valora también la trascendencia pública del caso y las formas en las que el grupo popular ha llevado el expediente disciplinario abierto a raíz de la comunicación de un concejal del Ayuntamiento de Mahíde, para el que realiza trabajos la empresa en la que participa Pascual Blanco. En este sentido, manifiesta su «máxima indignación» ya que «a fecha de hoy ni el expediente ha concluido ni hay ninguna resolución y, por supuesto, no he recibido notificación alguna al respecto».
