Los condenados por el caso de la trama solar pagarán multas que suman 1.061.053 euros por los delitos cometidos de negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y tráfico de influencias, una cantidad que se desglosa en cuantías de entre 369.424 euros y 368.622 euros, las más elevadas, correspondientes al exjefe de Industria en Zamora, José Bahamonde, y al expresidente de Pevafersa, Vicente Fernández Manso; y los 7.200 euros, la de menor montante que abonará la amiga íntima del excargo de la Junta de Castilla y León y socia de su hijo, Blanca Blanco Blanco.

La sentencia de la Audiencia Provincial fija las sanciones económicas en función de los beneficios que obtuvieron cada uno de los imputados con la venta de acciones y huertos solares, cuya instalación autorizó el exjefe de Industria entre 2007 y 2008; y por el enganche a Iberdrola que les facilitó el que era jefe de Distribución en Zamora, Agustín de la Fuente, encontrados culpables de los delitos junto a otros familiares.

José Bahamonde tendrá que pagar 369.424 euros como multa por los beneficios que obtuvo con la venta de las 802 participaciones de la empresa fotovoltaica de Sol Sayago, del grupo de Pevafersa, que había adquirido el 10 de octubre de 2006, de las que se deshizo meses después, lo que supone un delito de cohecho al haberse prevalido de su cargo para obtener beneficio. La condena por este delito conlleva la suspensión de empleo y cargo público por un año y seis meses, si bien no la cumplirá al estar jubilado. Él mismo fue el encargado de autorizar los huertos solares de Sol Sayago cuando sus participaciones ya estaban en manos de su hijo, Javier Bahamonde González, y su amiga íntima, Blanca Blanco Blanco, recoge la sentencia.

El exalto cargo de Industria, condenado por otro delito de tráfico de influencias, como imputado en la trama solar, debe pagar otra multa de 10.800 euros (18 meses con una cuota de 20 euros). Además, el fallo de la Audiencia establece la inhabilitación para empleo o cargo público por dos años.

Fernández Manso pagará los 368.622 euros indicados y está condenado a nueve meses de prisión por el delito de tráfico de influencias, al establecerse que obtuvo beneficios para su grupo empresarial y los distintos huertos solares autorizados por Bahamonde al venderle participaciones en Sol Sayago y contratar al hijo del exjefe de Industria como director jurídico de Pefaversa. Javier Bahamonde. El abogado tendrá que entregar 159.000 euros, pena que incluye la condena a nueve meses de prisión por tráfico de influencias. Era quien redactaba los contratos para vender y constituir sociedades del grupo toresano de Pevafersa, incluido el que firmaron su padre y el jefe de Iberdrola para entrar como socios en la fotovoltaica Sol Sayago.

De la Fuente, quien autorizaba los enganches de luz de los huertos solares a Iberdrola, será el que pague la menor multa por el delito de tráfico de influencias, en concreto de 138.807 euros. La pena de prisión es la misma que para Fernández Manso y el hijo de Bahamonde: nueve meses de reclusión.

Blanca Blanco Blanco tendrá que pagar solo 7.200 euros (12 meses con una cuota diaria de 20 euros) y se le condena a inhabilitación para empleo y cargo público por un periodo de un año. Se trata de la imputada mejor parada, al estimar el jurado popular, tras el juicio celebrado la semana del 23 de abril, que cometió, como cooperadora necesaria, negociaciones prohibidas a funcionarios, por su relación con Bahamonde. El jurado admitió que se benefició como socia de una empresa fotovoltaica, Alfa, de la que tuvo participaciones. De igual modo, fue socia de Iniciativas Renovables que constituyó con el hijo del exjefe de Industria a través de la firma que ambos compartían, Bahamonde Abogados, bufete que tenía una línea de inversión en energías renovables.

Los cinco condenados por la trama solar de Zamora no podrán beneficiarse de la suspensión de las penas -que permitiría establecer un periodo por el que no pueden volver a delinquir a cambio de que no se aplique la misma- ni de indultos, tal y como estableció el jurado, dirigido por el magistrado y presidente de la Audiencia Jesús Pérez Serna.

Los cinco procesados no se benefician de ninguna atenuante, ni siquiera de las dilaciones indebidas en la resolución del procedimiento, dado que la instrucción judicial se ha prolongado por casi nueve años, ya que sus abogados no la solicitaron en el escrito de defensa ni en las conclusiones definitivas, una vez celebrado el juicio, ni se dieron a valorar por el jurado, lo que invalida su aplicación. No obstante, el letrado Javier Gómez de Liaño, que ha llevado a la defensa junto a María Dolores Márquez, anunció que recurriría la sentencia que acaba de dictar la Audiencia en cuanto conoció el veredicto del jurado que consideraba culpables a los cinco imputados sobre el que se asienta el fallo.