Fue en 2011, hace ahora seis años, cuando un grupo de jóvenes zamoranos decidió utilizar las instalaciones de la antigua prisión provincial, clausurada en 1995, para realizar reuniones, jugar al tenis de mesa, debatir y organizar actividades. Se lo tomaron en serio. Limpiaron, colocaron y presentaron a la Subdelegación del Gobierno un proyecto para dar continuidad a aquellas ideas. Hoy, la prisión provincial sigue sin dar un paso adelante sobre su futuro uso, si es que llega a tenerlo.

No se consideraban ocupas. Encontraron las puertas abiertas, accedieron y usaron algunas salas sin hacer demasiado ruido. Pero aquello trascendió y desde entonces la Subdelegación del Gobierno se puso manos a la obra, tras advertir que la iniciativa era ilegal. Los jóvenes, que recabaron el apoyo de artistas y otras personas interesadas en la reconversión del espacio, tuvieron que dejar la cárcel, que pasó a contar con vigilancia privada.

Seis años después, Zamora lucha por tener un centro cívico, un proyecto que actualmente el Ayuntamiento negocia con la Junta de Castilla y León para ocupar el "socavón" que dejó el fallido palacio de congresos. De aquella iniciativa solo quedó el eco mediático y, de momento, nada más.