El Juzgado investiga a tres personas de dos empresas del sector cárnico radicadas en la provincia por "posibles irregularidades" en el ejercicio de su actividad, falsificación de facturas y del lugar de fabricación y procedencia del producto con el uso de etiquetas de otras firmas, como consecuencia de la investigación del Seprona de Zamora de la Guardia Civil. Los tres investigados (antes imputados) están acusados de un delito de falsedad documental, otro contra la salud pública y de otro de fraude a los consumidores.
Los agentes han inspeccionado las dos sociedades con ayuda del servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León para efectuar las oportunas comprobaciones sobre los alimentos, lo que llevó a los guardias que desarrollaban la denominada "operación Opson" a inmovilizar "cierta cantidad de productos destinados a la venta". En el informe emitido por el Seprona y remitido al Juzgado con el resto de las pesquisas realizadas se indica que esos artículos de alimentación carecían del preceptivo etiquetado, por lo que se mantendrá fuera de la circulación "hasta que se acredite su trazabilidad", indica la nota informativa que ha hecho llegar la Guardia Civil al periódico.
Los agentes que han llevado a cabo la investigación policial se incautaron, además, de "varios tipos de documentos supuestamente falsificados", entre los que se encuentran facturas albaranes, un posible delito al que habría que sumar el "uso de números de serie de registro sanitario en algunos productos de otras empresas del sector", datos con los que "se falseaba su lugar de fabricación y procedencia" del artículo, según el Seprona.
Las infracciones se detectaron durante la inspección a este tipo de negocios dedicados al servicio de alimentación en la provincia, llevado a cabo por el Seprona, en la "operación Opson", encaminada al control de falsificación de alimentos en España. Una labor en la que se ha contado con el apoyo de técnicos veterinarios del servicio de Sanidad de la Delegación Territorial la Junta de Castilla y León en Zamora, que han colaborado en las inspecciones efectuadas en empresas de la provincia.
La actuaciones iban encaminadas a "detectar actividades que pudieran poner en riesgo la salud de las personas y encaminadas a asegurar la sanidad alimentaria de los consumidores", explica la Guardia Civil.
Los tres investigados están acusados de otros tantos delitos: uno de falsedad documental por modificar facturas; otro contra la salud pública y de fraude a los consumidores por no disponer sus productos de etiquetado y por usar número de registro sanitario de otras empresas del sector cárnico.
